¡Martes de infarto!

Mañana martes, 5 de noviembre de 2024, a las 9:30 de la mañana, bajo el entorno de una cerrada elección en Estados Unidos, podría reafirmarse o sepultarse lo ocurrido el pasado miércoles, cuando una mayoría calificada morenista en el Congreso aprobó la imposibilidad de revisar de forma retroactiva la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia.

Esta decisión, plasmada como “supremacía constitucional”, permitiría definir al Poder Legislativo el presente y el futuro del país sin revisión judicial alguna, es decir, sin la posibilidad de interponer los recursos de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional encarnados en la misma Constitución.

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Sin embargo, a pesar de las amenazas de senadores y diputados morenistas en su contra, la Suprema Corte utilizaría la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara para declarar, mañana martes, la inconstitucionalidad de la reforma judicial.

¿Qué argumentan los morenistas para evitar esa decisión? La invalidez de los 500 amparos y recursos de inconstitucionalidad, ya admitidos por jueces y en trámite, para tumbar la reforma judicial por una sencilla razón: esos recursos, insisten ellos, ya fueron derogados −fast track, el miércoles pasado− para eliminar la retroactividad y con ella toda posibilidad de revisar la invalidez constitucional de la reforma judicial.

El analista Jorge Castañeda visualiza este escenario como el más posible: la mayoría de los ministros de la Corte apoyaría la ponencia de González Alcántara. La presidenta Claudia Sheinbaum “no retrocederá” y negará toda “facultad o competencia de la Corte para pronunciarse sobre las reformas, tanto antes como después de la “supremacía constitucional”.

El resultado será este: la Presidenta entrará en desacato −que, bajo reglas estrictas y entorno político distinto, podría ser removida de su cargo (fracción 16 del artículo 107 y el artículo 105 de la Constitución). Pero, más allá de eso, el país entrará en “una crisis constitucional (y de gobernabilidad), acompañada de litigios infinitos y un oso (polar) a nivel internacional”.

Imaginemos un país de por sí bizarro y surrealista, como el nuestro, tener un pie en una Constitución −sin supremacía constitucional− y el otro en una Constitución −pensada para blindar sin contrapesos a la 4T−, pero con el sello de casa, la supremacía constitucional que, en realidad, como lo apunta el analista Ricardo Raphael, es más “una supremacía legislativa sobre el poder judicial” que otra cosa.

¿Cómo entenderemos y asumiremos la naturaleza bicéfala del Estado de derecho? ¿Qué ocurrirá con las elecciones de jueces y magistrados en 2025 y 2027? Porque de botepronto; serían ilegales.

¿Quién le garantizará al empresario nacional o extranjero la certidumbre jurídica mínima para invertir en nuestro país? ¿Qué sucederá con la defensa irrestricta de nuestras garantías individuales como ciudadanos? Entre ellas el derecho a la libertad de expresión o a la propiedad privada.

¿Cómo sería modificada la práctica jurídica de los abogados? O, la enseñanza del derecho en las facultades o escuelas de jurisprudencia.

Esta crisis nos ahogará como país en litigios interminables y en una crisis de gobernabilidad, por lo que es importante no olvidar cómo llegamos a este momento.

Xóchitl Gálvez fue abandonada y maltratada por los partidos de oposición que la nominaron como su candidata. Hubo un fraude electoral masivo, que ningún partido político de oposición denunció. En días recientes, dos consejeros del INE revelaron indicios en esa dirección.

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El mismo INE, sin embargo, validó la sobrerrepresentación a favor de Morena en el Congreso y el Senado.

Todas las suspensiones judiciales contra la reforma judicial fueron ignoradas. Y montados en su mayoría calificada, diputados y senadores morenistas y aliados pasaron la reforma al Poder Judicial con violaciones procedimentales, inconsistencias, chantajes y amenazas, e intentaron nulificar las capacidades constitucionales de los integrantes de la Suprema Corte para declararla inconstitucional.

Mañana martes será un día de infarto en el cual, cualquiera que sea el resultado en México y en EU, perderemos como nación.