Más vale perspectiva de género,que lamentar

“Nunca olviden que solo hace falta una crisis política, económica
o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Estos derechos nunca pueden darse por sentados. Debes permanecer vigilante durante toda tu vida”.

Simone de Beauvoir

Palabras que resuenan hoy, como nunca, ante los recientes acontecimientos y la realidad en la que vivimos. Esta semana tuve la oportunidad de participar en el VI Encuentro Nacional de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres, en el que se hizo un recuento de los avances de la participación política alcanzados a nivel regional, se compartieron las experiencias de aquellos estados que tuvieron elecciones en 2022, se analizaron datos estadísticos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y se conversó respecto a las entidades que hoy son gobernadas por mujeres, para definir líneas de acción a fin de que podamos ejercer nuestros derechos político-electorales en condiciones de paridad, inclusión, interseccionalidad y libres de violencia.

La radiografía que resultó de dicho intercambio da cuenta de que existe una mayor participación de mujeres en espacios de toma de decisiones, derivado del marco normativo que ha colocado a México en el tercer lugar de los países con más mujeres legisladoras, lo que sin duda incide en la agenda de género. Sin embargo, a pesar de que también existen avances, en el ámbito municipal y en otros espacios públicos como Secretarías de Estado, Magistraturas, organismos públicos autónomos, gubernaturas, Presidencia de la República, etc., los índices siguen por debajo del 50 por ciento.

Un claro ejemplo es que, de los 2 mil 471 municipios que hay en México, un total de 545 mujeres ejercen el máximo cargo municipal, lo que representa el 28.9 por ciento; asimismo de las 32 entidades federativas, solo nueve son gobernadas por mujeres, es decir el 28.1 por ciento; en ambos casos, menos del 30 por ciento que sugiere la teoría de la masa crítica para generar un cambio en las dinámicas de ejercicio de poder en dichos ámbitos.

En este contexto, se ha vislumbrado que en todos los casos la ecuación es la misma: a mayor participación, se visibilizan más casos de violencia política, lo que evidencia que existen obstáculos que impiden el pleno desarrollo y participación política del género femenino en el espacio público. Los datos son contundentes respecto al número de denuncias y medios de impugnación presentados, así como en relación con el número de personas sancionadas, desde la aprobación de las reformas en materia de paridad en todo y violencia política contra las mujeres en razón de género.

No hace más de una semana fue asesinada una diputada, en el estado de Morelos, por haber defendido su derecho a ocupar la curul, en la que hoy debería estar ejerciendo su cargo. Pero no todos los casos tienen una expresión tan contundente como el homicidio, la gran mayoría tienen que ver con otros tipos de violencias y agresiones físicas, psicológicas, económicas, simbólicas y se presentan, en mayor medida, en el ámbito municipal. Además, la mayor parte las personas agresoras son compañeros de trabajo con la misma o mayor jerarquía que las víctimas, periodistas o medios de comunicación y miembros de las propias estructuras partidistas.

Entre las conductas más denunciadas encontramos agresiones, calumnias, acoso, omisión de proporcionar información o de convocarlas cuando actúan en colegiado, suspensión de pago o reducción de dietas, etc. Dentro de las formas más sutiles de violentar encontramos los micromachismos que se presentan de formas por demás diversas entre las que se identifican el mansplaining, maninterrupting, manspreading, bropriating y el gaslighting. Además, se ha podido advertir que muchas de las conductas que se denuncian se realizan a través de las redes sociales al amparo del anonimato que, incluso, llevado al extremo puede desencadenar en discursos de odio.

Ahora bien, cabe preguntarnos entonces ¿Qué nos corresponde hacer para cambiar esta situación? Como respuesta obligada respecto a las autoridades, sin duda, diríamos que actuar con perspectiva de género. Pero qué significa eso. En términos generales implica reconocer una particular situación de desventaja en la cual, históricamente, se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que deben asumir; es decir, es una categoría de análisis que permite: visibilizar la asignación social de roles y tareas por sexo, género u orientación sexual; revela la diferencia de oportunidades en base a dicha asignación; evidencia relaciones de poder; se hace cargo de la vinculación entre las cuestiones de género, raza, edad, religión, etc.; cuestiona por los impactos diferenciados de leyes y políticas públicas basadas en estas diferencias; y, determina en que casos un trato diferenciado es arbitrario y en cuales es necesario.

En el ámbito jurisdiccional, se han identificado elementos específicos para juzgar con perspectiva de género que implican: a) identificar si en el caso a resolver existen situaciones de poder que, por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes; b) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo de género; c) ordenar las pruebas necesarias para visibilizar las situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razón de género; d) evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria; e) aplicar estándares de derechos humanos; f) uso de lenguaje incluyente.

Tenemos enormes retos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política, desde reconocer que no en todos los casos se acreditan elementos de género y no por ello deja de existir la misma, hasta buscar sanciones, medidas de reparación y no repetición que sean realmente efectivas y eficaces, que brinden incentivos suficientes para que, no sólo algunas, sino todas las víctimas de este tipo de actos denuncien.

No obstante, dicha perspectiva o enfoque debe estar presente en todos los actos de la vida pública desde la emisión de una ley o reglamento, un acto de autoridad en cualquier ámbito, el diseño de una política pública o la planeación de infraestructura urbana e incluso en los ámbitos privados como la empresa, la educación, la ciencia, el arte y en todas aquellas actividades que realizamos día a día.

Ello, porque se trata de un problema cultural y multifactorial que debe ser atendido de la misma manera, por mujeres y hombres aliados y conscientes, desde diversos frentes y en coordinación entre autoridades y ciudadanía. En la medida en que incorporemos la perspectiva de género, nos estaremos educando mejor como sociedad en igualdad, respetando la pluralidad y diversidad de formas de pensar y de vivir es que podremos tener mejores sistemas democráticos, así dejaremos de lamentarnos por entender erróneamente que la democracia se agota en las elecciones, pues se refiere a la forma en que convivimos comunitariamente y pugna por el respeto de todos los derechos, de todas las personas.

*La autora es Magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila. Licenciada en Derecho. Maestra en Justicia y Derecho, Derecho Electoral y Derechos Fundamentales. Especialista en Justicia Electoral. Integrante de diversas asociaciones civiles relacionadas con la materia electoral.