México y la tercera opción: las operaciones encubiertas de la CIA
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Chihuahua fue la prueba pública de que Estados Unidos no se quedó esperando a que el gobierno mexicano colaborara plenamente, y comenzó a tejer relaciones y cooperación con gobiernos estatales y locales
Una vez más, como cuando un comando estadounidense capturó en Culiacán a Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, el gobierno mexicano no sabe ahora qué estaban haciendo agentes de la CIA en un operativo conjunto con la policía ministerial de Chihuahua. Se queja y reclama reconociendo sus límites, sin exabruptos, pero con dubitaciones sobre qué hacer. El gobierno se siente traicionado y humillado, otra vez. Todavía no le dice Estados Unidos cómo se llevaron a Zambada. Y no encontrará el gobierno, en esta ocasión, una respuesta satisfactoria. Nuevamente le jugaron a sus espaldas.
Hay quienes dentro del gobierno se preguntan por qué, si han escuchado de voces estadounidenses lo maravillosa que ha sido la cooperación en seguridad, y otros, simplemente, tratan de dilucidar qué sucedió. La respuesta quizás se encuentra en “Tercera Opción”, un concepto operativo dentro del pensamiento estratégico estadounidense que utiliza consistentemente la CIA en todo el mundo. Es una doctrina informal que fue descrita por Loch K. Johnson en su libro “The Third Option” (2022), donde enumera los tres grandes instrumentos que guían la política exterior de su país: The Treaties Power (la diplomacia), The War Power (las guerras) y The Spy Power (la inteligencia).
Si empalmamos la forma como los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador abordaron la cooperación con Estados Unidos en el campo de la seguridad, podemos entender lo que está viviendo y sufriendo la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sido no sólo heredera de la ruptura del tejido que se había construido por años, sino envuelta en la imbricada red que le dejó López Obrador, cuyo lastre está afectando su credibilidad en Washington.
La primera opción, la diplomacia, fue cerrada casi al arrancar el gobierno de Peña Nieto, cuando en una reunión bilateral de alto nivel, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo –palabras más, palabras menos– que se había acabado el tiempo de concesiones del expresidente Felipe Calderón, y que no permitirían que se socavara la soberanía. El resultado fue el desmantelamiento de Plataforma México, que culminó con la destrucción de la inteligencia criminal, una espiral de violencia imparable y la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que pudieron recapturar, paradójicamente, con información de la CIA.
López Obrador recibió de Peña Nieto un país rojo, que lo llevó a escarlata. Si su predecesor frenó la cooperación bilateral, él la cerró por completo. Dejó de enfrentar al crimen organizado, al que le abrió –como contraprestación de financiamiento y acciones electorales– el territorio nacional para sus negocios, entregándole, por omisión o comisión, funciones del Estado a cárteles, pandillas y caciques asesinos locales, con lo cual, en la lucha por los lucrativos mercados, elevó los asesinatos a números nunca antes vistos en tiempos de paz.
La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia fue vista en Washington como una oportunidad para restablecer lo destruido. Retomaron la “primera opción” de la diplomacia, aunque acompañada de la retórica amenazante y vitriólica del presidente Donald Trump, con el fin de forzar la aceptación de tropas en México para combatir al crimen organizado. Se estableció un nuevo mecanismo de cooperación, que se fue agotando al topar la Presidenta con una barrera que no ha podido franquear: el desmantelamiento de la cadena de complicidades entre criminales y políticos, especialmente del régimen obradorista.
La segunda opción, la militar, sigue vigente, pero inviable bajo una lógica práctica: una intervención militar terrestre detonaría una inmigración masiva de mexicanos que desestabilizaría política, social y económicamente todo el sur de Estados Unidos. El discurso militarista de Trump y varios de los halcones en su gabinete, así como en el ecosistema de medios conservadores y de extrema derecha, se ha mantenido como un distractor involuntario para que la CIA, camuflajeada tras los bramidos, pusiera en práctica la tercera opción, las operaciones encubiertas, con campañas de propaganda, actividades políticas y acciones paramilitares.
No se ven, pero están aquí hace tiempo. No han sido en la forma de nuevas acciones de extracción como la de Zambada –realizada por el gobierno demócrata de Joe Biden, que subraya que México es visto como un asunto de Estado en Washington–, la cual fue espectacular, pero sí han sido más extensas, más intimidantes y con un proceso similar a las viejas técnicas de tortura, donde se tiran gotas en el mismo punto de la cabeza para someter. El dolor no se siente en un principio, pero con el tiempo enloquece.
Una de las herramientas que han utilizado es la cancelación de las visas, cuya información la recopilan los servicios de inteligencia estadounidenses, que ha alterado la vida cotidiana de muchos políticos del régimen. Desde el gobierno de López Obrador, los temores a acciones punitivas de Washington contra miembros del gabinete provocaron la recomendación para que nadie que no tuviera algo importante que hacer en Estados Unidos viajara a ese país. En la actualidad, ya no hace falta la sugerencia: simplemente, no viajan al norte. Las cancelaciones de las visas han aumentado y seguirán acumulándose.
Sheinbaum padece y trata al mismo tiempo de administrar las consecuencias de poco más de una década de conflictos entre los dos países por el tema de la seguridad, sin muchos espacios de maniobra. La muerte de los dos agentes de la CIA en un accidente carretero en la Sierra Tarahumara hizo emerger súbitamente la forma como se está aplicando la tercera opción, que no fue meramente una acción unilateral, sino resultado de la cerrazón a la cooperación bilateral y las negativas para comenzar a barrer la narcopolítica y la relación de figuras de alto nivel de la cuatroté, no sólo ligadas al crimen organizado, sino como parte estructural de él.
Chihuahua fue la prueba pública de que Estados Unidos no se quedó esperando a que el gobierno mexicano colaborara plenamente, y comenzó a tejer relaciones y cooperación con gobiernos estatales y locales. El Gobierno Federal se ha atorado en el análisis superficial. La CIA operó transversalmente, desde los sótanos y las cañerías hasta las salas más exclusivas del poder. ¿Qué tanto infiltraron y penetraron al Gobierno Federal y a poderes en el resto del país para poder combatir lo que consideran es una amenaza de seguridad nacional? No es posible saberlo, pero, por la experiencia en Chihuahua, es mucho más profunda de lo que imaginamos.
