Movilidad Coahuila: el reto no es la actualización de las normas

El Congreso de la Unión ha exhortado a las legislaturas estatales del país a acelerar el paso en relación con la homologación normativa que exigen diversas disposiciones de carácter federal. Entre estas se encuentra la necesidad de armonizar la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

La citada norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación hace más de cuatro años –el 17 de mayo de 2022– y ordena a los congresos locales armonizar la legislación local, en materia de movilidad, en un plazo no mayor a 180 días. Claramente, el plazo venció hace mucho tiempo.

¿Por qué, en el caso de Coahuila, no se han realizado las adecuaciones normativas que ordena la Ley General? De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Beatriz Fraustro Dávila, ello se debe a “la creciente complejidad del tema, pues constantemente surgen nuevos elementos que requieren regulación, como los vehículos eléctricos, scooters y motocicletas eléctricas, ampliando así el alcance de la discusión legislativa”.

La explicación es claramente una mala excusa, pues si del surgimiento de nuevos elementos –que deben integrarse a la discusión– se trata, entonces nunca se legislaría nada, pues si una cosa es cierta en el mundo de nuestros días es la constante modificación del entorno.

Más allá de las razones para mantener sin actualizar el marco normativo local, es preciso decir que, en el caso de la movilidad, las adecuaciones legales son lo de menos. Lo de más es la transformación cultural que demanda un tema que constituye uno de los principales retos de las grandes concentraciones urbanas de la actualidad.

Es verdad que la existencia de un marco normativo ayuda a establecer parámetros claros y definir metas precisas que orienten la actuación de las instituciones públicas. Pero tales parámetros y metas pueden establecerse perfectamente sin necesidad de una ley puntual.

De hecho, bastaría el establecimiento de lineamientos generales que fijen objetivos amplios y definan restricciones precisas para que, a partir de allí, se realizaran los diagnósticos de la situación actual. Pero incluso esto último es posible a partir de la simple comparación con los múltiples ejemplos que en el mundo muestran el camino a seguir.

Y es que, una vez concretada la armonización legislativa, hay que decirlo con toda claridad, no se habrá modificado ni un ápice de la realidad. Porque lo importante no es contar con las mejores normas del mundo, que dibujen un mundo ideal en el cual la movilidad está garantizada y es sustentable, además de que la seguridad vial es una certeza. Lo importante es que la realidad material refleje ese ideal.

Para lograr eso, además de normas, se requiere voluntad y recursos económicos. Nuestros legisladores bien podrían comenzar por influir en la modificación de los presupuestos y forzar a que se destinen recursos a la transformación de la realidad actual.

Pero probablemente eso sea demasiado pedir.