Mucho 2º piso de la 4T: ¿Y nuestros derechos humanos, apá?

Los recientes cambios en el Poder Judicial, abrazados por la quimera trasnochada de tomar de la mano al pueblo para edificar el segundo piso de la 4T, han puesto en grave riesgo el ejercicio de nuestros derechos humanos (DDHH) e, irónicamente, los de ese “pueblo” también.

Para abrir boca, la independencia judicial de los poderes Ejecutivo y Legislativo ya era débil en un país que ocupó en 2024 el lugar 115 de 142 países, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2024 (World Justice Project). Ante tal ausencia de independencia, apuntalada por la reforma reciente, ¿cómo impedir la politización partidista en la aplicación parcial de nuestros DDHH?

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Peor aún, “el 68 por ciento de los jueces electos no tiene preparación en estándares internacionales de DDHH” (WOLA: 08-24-2024). Y sus limitaciones “violan el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica” (Amicus Curiae: Stanford Law School: 2024), que establece cinco garantías para cualquier persona:

1) Presunción de inocencia (toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario), 2) derecho a defensa (ser asistido por un abogado, conocer los cargos, presentar pruebas y refutar las del acusador), 3) publicidad del proceso (hacerlo público), 4) plazo razonable (no prolongar el juicio de manera injustificada) y 5) juez imparcial y competente (no sujeto a presiones políticas o económicas externas).

¿Quiénes serán las víctimas de ese 68 por ciento de jueces popularmente electos y subordinados al Poder Ejecutivo cuando juzguen nuestros DDHH?

Los integrantes de los pueblos indígenas, los cuales ya sufren un acceso limitado a la justicia, sentencias menos favorables en derechos territoriales, por ejemplo, y una marcada ausencia de intérpretes y jueces con formación intercultural.

Las mujeres y las víctimas de violencia de género que, con estos jueces electos, carentes de una perspectiva de género en su mayoría, tenderán a generar sentencias que minimicen la violencia doméstica o sexual.

¿Qué sabrá ese 68 por ciento de jueces de los estándares internacionales definidos por la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que obligan a priorizar el interés superior del menor? O ¿qué conocerán ellos de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (2008) que “reconoce a los jóvenes como sujetos plenos de derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; derechos a su identidad (étnica, religiosa y cultural) y su diversidad sexual, y su derecho a una protección especial frente a la violencia, la discriminación y la exclusión”?

México, por cierto, ratificó ambas convenciones, por lo cual está obligado a acatarlas de manera vinculante.

Finalmente, ¿qué ocurrirá con los DDHH de migrantes en tránsito que siguen sufriendo detenciones arbitrarias, violencia y deportaciones sin garantía protectora alguna? O ¿qué sucederá con las madres buscadoras, los defensores de los DDHH, los periodistas y los activistas?

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La reforma judicial no fortalecerá la protección de los más vulnerables, por el contrario, incrementará los riesgos de su existencia o de su actividad. La falta de independencia de los jueces recién electos y su pobre formación en DDHH dejará a la gran mayoría de los mexicanos en una terrible indefensión.

Pero eso sí, entre cadáveres de mexicanos desahuciados de sus DDHH, la construcción del segundo piso de la 4T –a gritos y sombrerazos– continuará.

Nota: De manera imperdonable, olvidé mencionar en mi artículo del miércoles pasado, titulado “México hacia una Dictadura Perfecta 2.0”, que previo a 1977, año que inicia la modernización y apertura del sistema político mexicano, el INE no existía. Hasta 1990 hubo una Comisión Federal Electoral (CFE) que organizaba las elecciones del país desde la CDMX. La CFE era presidida por el secretario de Gobernación. La próxima reforma electoral morenista buscará replicar –bajo distintos visajes– el mismo modelo para concentrar el poder electoral en el Ejecutivo y reafirmar así la resurrección genética del PRI premoderno (previo a 1977) en el cuerpo amorfo de un Morena que tiende a refinar el autoritarismo centralista del tricolor de aquel entonces y, de manera bizarra, ufanarse por ello. Al tiempo.