No siempre lo legal es justo

En el siglo 3 d. C., el jurista Ulpiano escribió en el “Digesto” que la ley es el arte de lo bueno y lo justo, donde la idea fundamental es regular la conducta de las personas en la sociedad, mantener el orden, la convivencia social y la justicia, que en la visión ulpianiana se define como dar a cada uno lo que le corresponde.

Pero, ¿qué es lo bueno y qué es lo justo? Como todo, el problema de lo bueno y de lo no tanto; de lo correcto y lo incorrecto; de lo moral y lo inmoral, depende de la geografía, del código postal, de las sociedades y de su contexto. Esa pregunta, inevitablemente, nos llevará a los posicionamientos históricos de siempre, es decir, a determinar lo bueno y lo justo, ¿para quién? Aludiendo, por supuesto, a un relativismo moral que es tan falaz como el que lo interpreta, porque lo que para ti es bueno y justo, para mí no lo es.

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En ese sentido, han aparecido tantas interpretaciones de la justicia como autores o sistemas existen, e incluso a partir de los años setenta, con las ideas de John Rawls, se generó una veta de pensamiento que explotarían Michael Walzer, Ronald Dworkin, Amartya Sen, Karl-Otto Apel, Habermas, Lyotard, MacIntyre, Rorty y otros, superando por mucho la idea de la justicia que propuso Ulpiano y que, por cierto, sigue vigente.

Y si la ley es el arte de lo bueno y lo justo, ¿por qué no tenemos una vida buena y justa en muchas latitudes? ¿Será acaso que la ley, desde siempre, dadas las condiciones sociales en todas las épocas, no ha cumplido con su cometido? Y, por otro lado, ¿será porque las leyes se han hecho para beneficiar a los poderosos? ¿O simple y sencillamente porque quienes administran y procuran la ley no han sido imparciales en la aplicación de esta?

Fuera de la alegoría del Éxodo 20:4, donde Dios da las tablas de la ley a Moisés, es decir, la propuesta de la ley natural inscrita en los corazones de los seres humanos, las demás leyes no aparecieron por generación espontánea. Surgieron para regular la convivencia humana. Las comunidades más básicas fueron generando sus compendios legales a partir de sus costumbres, tradiciones y creencias, todo ello para evitar abusos y generar certezas. Responden, en concreto, a las realidades e inconsistencias que se viven en esas comunidades y en las cuales los líderes tienen que garantizar el orden y el equilibrio.

Así, en el avance del tiempo –en el tiempo que usted quiera–, porque así es como se ha visto, está claro que el criterio de justicia no puede limitarse al ámbito legal, precisamente porque no todo lo legal es justo. Ejemplos, los que quiera.

En la última de mis entregas terminé diciendo: ahora es Venezuela; mañana, ¿quién será? Sin lugar a dudas, habrá una violación sistemática de todas las leyes mientras gobierne la actual administración. Nos encontramos en un momento importante de la historia reciente, donde es difícil situar esta nueva forma de gobierno, basada en el neoconservadurismo y sus variables, donde no se define si estamos ante una autocracia, una tiranía, una dictadura (aunque acuse a los demás de dictadores), una oligarquía o una plutocracia, donde las leyes, simple y sencillamente, se ofertan al mejor postor y sirven para legitimar gobiernos.

¿Qué tanto le importa al presidente norteamericano la Carta de las Naciones Unidas? ¿Su propia Constitución? ¿El derecho internacional y las leyes? Y en esa ruta crítica, ¿quién sancionará esta intervención? ¿Qué códigos, qué normas internacionales? Por supuesto, las leyes, que fue durante tanto tiempo el distingo de los Estados Unidos, pasaron a segundo plano. El otro ejemplo es el de enfrente: innumerables fraudes, elecciones cuestionadas, violaciones a los derechos humanos, todos cubiertos por el manto protector de la soberanía nacional. En ambos casos, el uso y el abuso de los marcos legales.

El problema se encuentra en que la amoralidad (la no referencia a las normas y el desconocimiento y desprecio por las mismas) y la inmoralidad (el conocimiento de las normas y el hacer lo contrario) se convirtieron en un maravilloso coctel que saborean los poderosos. Por supuesto, en el ámbito internacional es más importante el poder militar que el político y, todavía más, que el legal.

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Y la ONU y la OEA siguen siendo instituciones comparsa, que se acomodan a quienes detentan la hegemonía. ¿Qué harán frente a esta nueva flagrante agresión en contra del derecho internacional? Por supuesto, absolutamente nada. ¿Qué sigue? Que de una vez por todas, de forma racional, el Congreso Norteamericano –en el caso de las bravuconadas y dichos con respecto a Colombia, México y Groenlandia– le ponga un alto legal. Esto no debe ni puede pasar, en honor a las leyes y a la justicia; de lo contrario, la desconfianza y el deterioro del Estado de derecho en el plano internacional caerán en el peor de los descréditos.

En el caso de nuestro país, basta con recordar toda la ámpula que levantó la llamada reforma judicial el año pasado y la oposición que se dio a la misma, por razones obvias. Parece que muchos mexicanos olvidaron los innumerables casos de desacato a las leyes por parte de quienes tienen la hegemonía económica en este país. Casos como el del minero Grupo México o Grupo Salinas; o bien, los múltiples feminicidios, los desvíos de recursos públicos, la Guardería ABC, Odebrecht, las diferentes masacres, en fin. Demasiados casos donde la ley ha sido objeto de una burla constante por quienes la manosean y manipulan, sin ser nunca el camino directo hacia la justicia.

Seamos claros, en nuestro país no hay crisis por la falta de leyes, sino por su aplicación desigual que debilita el Estado de derecho, promueve la impunidad y la corrupción, y hace a un lado la justicia. En un caso local de aplicación de la ley, que es el de Armando Castilla, director del periódico VANGUARDIA, ¿cuáles serían las inconsistencias legales que determinaron su detención? ¿Qué implicaciones legales ha tenido una detención que la Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado como arbitraria e ilegal? ¿Ha habido un respeto irrestricto a lo que se denomina el debido proceso? ¿Cuál será realmente el trasfondo de la detención: legal o político? Así las cosas.