No traicionar al pueblo, decían
Una de las líneas discursivas favoritas de quienes alinean en el equipo gubernamental de la transformación de cuarta es la relativa a su compromiso esencial con “el pueblo”, abarcado en dicho concepto, desde luego, solo el conjunto de personas incapaces de criticarles por nada y siempre dispuestas a aplaudirles a la menor provocación.
Todo lo hecho por este gobierno, repiten incansables los acólitos del hijo pródigo de Macuspana, ha sido pensado y ejecutado pensando primero en los pobres, en los olvidados, en los rezagados. Pensando en ellos cancelaron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el seguro popular...
Incluso aquellas medidas de las cuales, quienes más se benefician no son los pobres -como echar a la basura cientos de miles de millones de pesos cancelando un aeropuerto, o tomar decenas de miles de millones del presupuesto para subsidiar la gasolina- tiene como propósito beneficiar al pueblo, a “su” pueblo, aseguran.
Los ejemplos citados son suficientes para evidenciar la patraña en el discurso, pero en estos días se está intentando consumar un acto mediante el cual se desnuda por completo la farsa: el establecimiento de un modelo expoliador del salario denominado “cobranza delegada”.
Dicho en pocas palabras, este mecanismo -impulsado por los legisladores de Morena y sus socios de viaje, el PT y el PVEM- consiste en “ponerle dientes” a la legislación vigente para garantizarle a los agiotistas el secuestro del salario de los trabajadores, poniendo al servicio de los prestamistas a los mismísimos patrones de aquellos.
Como lo lee: los morenistas “comprometidos con el pueblo” no construyeron una propuesta para reducir el abuso de los prestamistas, fijando límites a las tasas de interés leoninas impuestas por estos; tampoco pensaron en reforzar los mecanismos para evitar el sobre endeudamiento de los asalariados de menores ingresos.
Para los transformadores de cuarta lo importante ha sido exactamente lo contrario: garantizarle a los pobres e indefensos agiotistas la recuperación del dinero entregado a un asalariado mediante los denominados “préstamos de nómina” a los cuales la gente de menores ingresos suele recurrir para sufragar imprevistos o financiar -a un costo exhorbitante- un proyecto personal.
La reforma a la legislación bancaria aún no ha sido aprobada, pues todavía debe ser revisada en la Cámara de Senadores. Pero un dato basta para tener clara la forma en la cual este planteamiento traiciona el compromiso teóricamente establecido con los pobres: el huey tlatoani ya amenazó con vetar la ley si termina con éxito el proceso legislativo.
No estamos ante un asunto menor. Se trata, probablemente, del acto más lesivo en contra de la clase trabajadora intentado por quienes todos los días aseguran defender los intereses de los más pobres.
Las voces opositoras a esta intentona son muchísimas y no pocos analistas -incluso aquellos proclives a la T4- han calificado la propuesta como un intento de reinstaurar las “tiendas de raya” del porfiriato, lo cual equivale, en estricto sentido, a legalizar la esclavitud.
Aristas
Una de las voces coahuilenses ocupadas en el tema de forma relevante es la del diputado Jericó Abramo Masso, quien además de votar contra el proyecto subió a tribuna para argumentar sobre las inconveniencias del mismo. Por desgracia, a otros legisladores coahuilenses, o les gana el borreguismo, o no tienen tiempo de asistir a estas sesiones y manifestarse al respecto.
Habríamos de ponerle marca personal a nuestros representantes y exigirles cuentas en asuntos de gran relevancia como éste.
¡Feliz fin de semana!
@sibaja3
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