Números de escándalo: la escalada violenta que vive México

Los números debieran ser escándalo. Homicidios dolosos, desapariciones, feminicidios, candidatos o periodistas asesinados, casos impunes, municipios bajo control criminal y así sucesivamente. La numeralia habla por sí misma y revela una catástrofe, no una crisis. A los malos números de lo básico, la seguridad, el presidente López Obrador sobrepone el incremento de los salarios en una economía crecientemente informal, o con impúdico orgullo habla de las generosas utilidades de los banqueros para decirles que no les ha fallado, al tiempo que se documenta el incremento de la riqueza de los más ricos del país. Todos son números de escándalo en una sociedad que ha normalizado lo anormal resultado de una propaganda oficial que muestra el país que somos y la sociedad que conformamos, ávida de esperanza y de razones para una buena perspectiva. En tales condiciones el apoyo al presidente no es virtud, al contrario.

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En el marco de la descomposición que se vive el país se difunde la renuncia de 217 candidatas en Zacatecas. No estaría mal conocer la situación en todo el país, no sólo allí. La consejera del INE, Carla Humphrey, declara que es un asunto muy delicado y preocupante, exige que esas vacantes sean ocupadas por féminas y, junto con su par Dania Ravel, pide al órgano electoral local un informe sobre las causas de las renuncias. Mala respuesta preliminar la del IEEZ. Presuroso, ratifica que no renuncian resultado de la inseguridad o de la violencia, como si no fuera público que en Zacatecas se viven esas condiciones extremas. Sin ser precisos, las razones la refieren a la falta de interés, a que las registraron sin su consentimiento, a que cambiaron de partido o a cuestiones personales que las inhibieron voluntariamente de participar.

Pareciera una minoría la renuncia de 217 en un universo de 5 mil 262 candidatas de mujeres en dicho estado. Pero, por las condiciones de violencia, que afectan por igual a hombres y mujeres de todos los partidos, llama la atención que exista entusiasmo como para participar en una campaña que bien puede llevar a la intimidación, al maltrato o al asesinato. Obligado es pensar en Zacatecas y en los 750 municipios que especialistas y observadores afirman que quien manda es un grupo criminal y no una autoridad civil democráticamente electa. Como señalara el presidente López Obrador para referirse a estados gobernados por la oposición (no a los de sus afines) gobiernan unos, pero mandan otros.

Las cifras no llevan al escándalo y menos a una reflexión sobre el país que el crimen con o sin violencia ha ido conformando. En este contexto adquiere relieve la complacencia social y también la oficial. Habrá de tenerse presente expresiones presidenciales memorables sobre el crimen organizado, la de la elección de 2021, “se portaron bien”, sin importar que en varios Estados fue el gran elector o por esa razón fue el sentido del mensaje y la reciente, “a mí sí me respetan” en alusión a los bloqueos de grupos criminales que tienen que enfrentar prácticamente todos los viajeros.

Así, el país ha ido normalizando las condiciones de extrema inseguridad y la complacencia o complicidad oficial en el estado de cosas. La población expuesta, pero indiferente para volver su voto un instrumento útil para obligar a las autoridades a que cumplan con su responsabilidad elemental de proveer seguridad. En tales condiciones, para qué ir a elecciones por parte de candidatas y candidatos que posiblemente tengan un futuro marginal en el ejercicio de las responsabilidades a que aspiran, además del riesgo de hacer campaña en un país en el que amplias zonas son territorio de peligro. ¿Qué mueve ser autoridad o parte de ésta en un país en el que cada vez más unos gobiernan y otros mandan, que son los que detentan las armas y no pasan por las urnas?

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Dice y alerta la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota que estas elecciones presidenciales bien pueden ser las últimas realmente democráticas. Si aplicamos con rigor los términos, diríamos que la de 2018 fue la última elección democrática. La interferencia del crimen organizado no se puede soslayar y es disruptiva de la normalidad en que los comicios deben desahogarse, de la misma forma la intervención del Presidente, de su gobierno, de los gobiernos de sus afines y la parcialidad de muchos de los actores relevantes de la política plantean desde ahora una elección de Estado al margen de todo sentido de equidad.