Paridad de género: es una discusión aún inconclusa

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó ayer un acuerdo mediante el cual se ordena a los partidos políticos –una vez más– hacer algo que ya se les había ordenado mediante sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: establecer criterios, en sus documentos básicos, para garantizar la paridad sustantiva en la selección de candidaturas a los gobiernos estatales.

No es ninguna sorpresa que se aprobaran los lineamientos señalados. Ya desde hace un par de semanas se conoce el texto del proyecto de acuerdo y la semana pasada las personas interesadas pudieron acceder a los detalles de su discusión previa en comisiones.

Tampoco es una sorpresa que el tema suscite un prolongado debate: ayer se consumieron casi dos horas en la discusión de los detalles del acuerdo, a pesar de que todas las personas que intervinieron –consejeros, representantes de partido y legisladores– aseguraron “celebrar” la existencia de estas reglas y estar de acuerdo con ellas.

Lo prolongado de la discusión refleja el tamaño de la resistencia que en realidad existe y que está relacionada con los detalles gruesos, pero también con los finos de un conjunto normativo de este tipo.

Vale la pena en este sentido señalar que la intervención del INE habría sido innecesaria si los partidos, por voluntad propia, hubieran acatado lo que se les ordenó desde principios de este año, o si los poderes legislativos –el federal y los estatales– hubieran establecido reglas puntuales que garanticen los criterios ordenados por el Tribunal Electoral.

Se dirá que en el caso de Coahuila y Estado de México sí se cumplió con la obligación de legislar, pero también es necesario aclarar que la legislación se hizo de forma “tramposa”, es decir, intentando diferir hasta 2029 lo que se ordenó hacer para el 2023.

Debido a estas circunstancias es necesario señalar también que lo acordado ayer por el Consejo General del INE no zanja en definitiva la discusión, ni le pone punto final al debate, pues no se trata solamente de cambiar enunciados en los documentos básicos de los partidos, en las constituciones o en las leyes, sino de algo mucho más profundo.

Se trata de modificar la cultura de discriminación que, en el campo del poder público es evidente y se resume en un hecho concreto: ni en Coahuila ni en el Estado de México ha gobernado jamás una mujer, de la misma forma en que ello no ha ocurrido en la mayoría de las entidades del país o en la Presidencia de la República.

A este debate pues, le falta todavía un número importante de episodios por escribirse. De hecho, sabremos que ha dejado de ser una discusión relevante cuando a nadie le cause extrañeza –y, mucho menos, malestar– ver que una mujer sea electa para gobernar los destinos de una entidad.

Pero que la presencia de mujeres en los más altos cargos del Gobierno sea visto como algo normal sólo ocurrirá si comenzamos a verlas ejercer dichos cargos.