‘Acuerdo Nacional por la Democracia’, ¿es necesario?

“va a ser una gran contribución el que estas elecciones se lleven a cabo en libertad. Es todo un acontecimiento. Es un antes y un después, un parteaguas”.

La frase anterior corresponde a lo expresado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador al justificar la firma del “Acuerdo Nacional por la Democracia”, que establece el “compromiso” de todos los mandatarios estatales y el Gobierno de la República de “garantizar” elecciones limpias este año en todo el País.

Apenas unos segundos antes de afirmar que el Acuerdo es una “contribución” a la democracia mexicana, López Obrador arremetió contra el Instituto Nacional Electoral acusando a sus directivos de “hacerse de la vista gorda” ante los hechos de “fraude electoral”.

Vale la pena analizar el sentido de este acuerdo en el marco de la posición que el propio Presidente ha adoptado contra la única institución pública responsable de garantizar lo que se plantea en el mismo: que la ciudadanía vote en libertad y los votos sean contados correctamente.

En primer lugar es necesario notar cómo, en la óptica del titular del Ejecutivo Federal, la democracia se fortalece atacando a las instituciones públicas autónomas responsables de organizar los comicios lanzándoles acusaciones de las que, como es costumbre, no muestra un solo dato de prueba.

En segundo lugar es relevante hacer notar que con la firma del Acuerdo, el mandatario parece estar tratando de fortalecer una hipótesis desde la cual se ha colocado a sí mismo en el centro de la contienda: la limpieza y certeza de las elecciones las garantiza él.

Muchos años pasaron y una muy larga lucha civil se desplegó en nuestro país para sacar del ámbito del Poder Ejecutivo –de la Federación y los estados– el control de las elecciones y estas sólo recuperaron credibilidad cuando un conjunto de instituciones autónomas se encargaron de organizarlas profesionalmente.

Pero el hecho central que esta modificación implicó es lo más importante de esta historia: que no fueran más los partidos políticos –a través de sus representantes en los poderes públicos– quienes tuvieran la posibilidad de manipular el voto popular, que es justamente lo que se hizo largamente.

Por ello es una pésima idea plantear la posibilidad de que la garantía de transparencia, legalidad y profesionalismo en la organización de las elecciones regrese a manos de quienes detentan el poder ejecutivo a nivel nacional y en los estados de la República.

Ni qué decir del exótico contenido del documento, pues lo que el Presidente y los gobernadores hicieron fue “comprometerse” a respetar la Constitución y las leyes algo que, todos habríamos supuesto, constituye el primer compromiso que hicieron al asumir el cargo.

Más allá de lo anecdótico, sin embargo, lo que este acuerdo podría encerrar es el germen de una idea realmente indeseable: la vuelta al pasado en el control de las instituciones electorales del País.