CDHEC, ¿está en grave entredicho?

A pocos sorprende ya que una investigación criminal —realizada por autoridades estatales o federales— ponga al descubierto la participación de un funcionario público en actividades presuntamente constitutivas de delito. Sin embargo, no todos los casos en los cuales se presume el involucramiento de funcionarios públicos convocan de la misma forma al pesimismo.

Y es que algunas instituciones públicas concitan, de forma natural, la confianza y el respaldo de los ciudadanos. Se trata de instituciones cuyos directivos y empleados se presumen no sólo ajenos a las tentaciones ordinarias del poder, sino que trabajan justamente para combatirlas.

Es el caso de las comisiones de derechos humanos del País. El trabajo que desde estas instituciones se despliega constituye uno de los pocos elementos que para documentar el optimismo tenemos los ciudadanos, pues su actividad cotidiana se asume del lado de los intereses colectivos.

Por ello, el que ayer se diera a conocer el arresto del Cuarto Visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, porque presuntamente habría participado en el secuestro de un ciudadano de la región centro, representa un duro golpe a la imagen y la credibilidad de dicha institución.

El organismo que encabeza Xavier Díez de Urdanivia ha reaccionado, en primera instancia, de la forma en que sería de esperarse por parte de una institución democrática, es decir, ofreciendo plena colaboración para el esclarecimiento de los hechos.

No está de más, por supuesto, tener en cuenta que el funcionario detenido debe gozar del beneficio de presunción de inocencia y que el Ministerio Público está obligado a la aportación de las evidencias para probar la acusación cosa que, en un primer momento ya ha realizado al acudir ante el juez de garantías para el proceso de control de la detención.

Por lo pronto, sin embargo, la imputación coloca en una difícil posición a la Comisión, pues de actualizarse la hipótesis del arresto, es decir, de ordenarse por parte del juez la vinculación a proceso del detenido, un cúmulo de preguntas surgirán en busca de respuesta.

Porque, al ser el secuestro un delito grave, el detenido no podrá gozar del beneficio de enfrentar el proceso en libertad y en tanto se resuelve el fondo del asunto, una institución cuyo principal activo es la fuerza moral debería hacer frente al hecho de que uno de sus más altos funcionarios estuviera en la cárcel enfrentando una muy seria acusación.

La institución tendría que responder entonces al cuestionamiento de qué tipo de controles tiene implementados para garantizar la conducta que toda la sociedad espera de quienes, por mandato constitucional, llevan sobre sus hombros la responsabilidad de convertir a los derechos humanos en algo más que un simple discurso.

Habrá que esperar, por supuesto, al desenlace que en las próximas horas tendrá esta historia cuando el funcionario de la CDHEC sea presentado ante el juez de la causa. Por lo pronto, sin embargo, la mesa está servida para la polémica.