Combate al crimen, ¿riesgo de insubordinación?

Politicón
/ 9 diciembre 2016

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, realizó ayer una fuerte declaración que llama la atención respecto de lo que muchas voces han advertido reiteradamente a lo largo de los últimos años: la inconveniencia de que las fuerzas armadas sustituyan en el cumplimiento de sus funciones a los cuerpos de seguridad del país.

Al término de un desayuno, ofrecido con motivo de las fiestas de fin de año a los periodistas que cubren la fuente, el titular de la Sedena, reprochó a las autoridades civiles no estar cumpliendo con sus responsabilidades en materia de seguridad pública.

El general Cienfuegos aprovechó la oportunidad para defender a los integrantes del Ejército nacional señalando que ellos no pidieron que se les enviara a las calles y que “si quieren que volvamos a nuestros cuarteles soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales”, pues “esto (la violencia) no se resuelve a balazos”.

Nada puede reprocharse a las palabras del titular de la Defensa. Por el contrario, habría que reconocer el hecho de que la cabeza del Ejército mexicano reconozca que no es el papel de los soldados realizar tareas de seguridad pública y que sume su voz a la de quienes han planteado en forma reiterada el error que supone considerar que la solución al problema de inseguridad que padecemos es enviar el ejército a las calles.

Hubo en el discurso del Secretario, sin embargo, un elemento que debe preocupar fuertemente, pues implica el reconocimiento tácito de un riesgo importante de disidencia en el ejército.

El secretario Cienfuegos dijo que “los soldados ya mejor piensan si le entran a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados de violar sus derechos o que sean procesados por desobedecer”, al señalar que una de las consecuencias de la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública ha sido que integrantes de las fuerzas armadas enfrenten hoy procedimientos legales por actuar con exceso durante sus operativos.

Valdrá la pena, desde luego, que el titular de la Sedena precise el sentido de sus afirmaciones, pero pareciera que de ellas debiéramos entender que la indeseable realidad a la cual ha llegado el Ejército en este proceso implica un grave riesgo de insubordinación en sus filas, pues las órdenes que reciben los soldados los enfrentan al dilema de elegir entre ser procesados por la justicia civil -en caso de incurrir en excesos- o ser procesados por la justicia militar si no acatan las órdenes que se les dan.

Y si esto es cierto, la Presidencia de la República tendría que valorar seriamente el riesgo al cual se está exponiendo a las fuerzas armadas al persistir en una estrategia que incluso el propio titular de la Sedena ha calificado ayer como equivocada. No se trata de un asunto menor: la disciplina en la cadena de mando constituye el pilar fundamental sobre el cual descansa la fortaleza de cualquier ejército del mundo. Esa fortaleza podría estar siendo sometida a una presión excesiva que supone un riesgo indeseable que es preciso conjurar.

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