Consultar al pueblo

Politicón
/ 5 noviembre 2018

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    Con independencia de la participación marginal y de las irregularidades o deficiencias que se registraron en la consulta sobre el aeropuerto, es importante tomar muy en serio en el futuro, el tema de las consultas populares, porque, sin saberlo y con buena voluntad, se podría estar violentando uno de los principios más importantes que reconoce la Constitución en la conformación de la república. Me refiero al artículo 40, el cual establece que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa.

    Es más, se podría poner en riesgo la esencia de nuestra democracia constitucional y los valores políticos que nos fueron heredados por nuestros padres constituyentes de la Reforma en 1857, y ratificados, por los constituyentes de Querétaro en 1917. Aspectos y disposiciones que se derivan de la segunda y tercera transformación.

    Hago está observación, dado que ya nos han avisado que nos debemos de acostumbrar a ser consultados y no por el ejercicio de la semana pasada, la que no fue un acto propiamente de gobierno y sus efectos no fueron ni serán vinculatorios, sino indicativos, como si hubiese sido una mega encuesta con una metodología sui generis.

    Entiendo que en muchas ocasiones, ésta es una de las fuentes de información, con la que muchos gobernantes actúan en el cumplimiento de sus responsabilidades, no hay nada de malo en ello, salvo que son decisiones que se toman en nombre de un gobierno y no del pueblo, en buena medida porque esa es la obligación del que detenta el poder y también porque las democracias modernas son representativas, no de asamblea a mano alzada en donde se deciden aspectos de la agenda pública, como sucedía en la antigua Atenas hace más de 2 mil 500 años.

    Si bien es cierto que hay una llamada democracia participativa, ésta no es una expresión institucional que fue creada para rivalizar con la democracia representativa, ni tampoco es independiente de lo que pueden y deben hacer los poderes públicos. Ambas democracias, forman parte de un mismo sistema y se complementan para que se consulte de manera excepcional al electorado sobre temas de gran trascendencia nacional. Hacer lo contrario, es ir en contra de las instituciones que se han constituido para materializar el poder popular, por medio de un mandato de representación. A menos que también se reforme el artículo 41 de la Constitución, que establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión.

    Es claro que se va a requerir reformar el actual estado de las cosas en materia de consulta popular, dado que el actual marco constitucional, tiene algunas deficiencias y limitaciones que hacen casi imposible su realización. Se presenta una magnífica oportunidad para dejar una buena base para que el ciudadano, pueda ejercer con responsabilidad un voto que decida aspectos considerados como fundamentales para la república, esto quiere decir, que no tendríamos que ser consultados en temas de políticas públicas, porque son temas muy técnicos del que poco o nada sabemos, como para asumir una responsabilidad de la que nos podremos arrepentir de por vida. Por sentido común, si tengo que atender un problema de salud urgente y delicado, no le consulto a mi familia, ni a mis vecinos o amigos, simplemente recurro ante el especialista que tiene experiencia para atender mi problema.

    Espero que nuestros representantes populares impulsen un nuevo marco legal en materia de consulta pública, en el cual se establezca cuando menos, un límite de consultas por legislatura, sea obligatoria una participación del 40% del electorado y de ese porcentaje, la mitad más uno determine la obligación para que sea vinculatorio.

    ¿En la cuarta transformación se honrará el legado que nos dejaron otros mexicanos de excepción en favor de una democracia representativa y popular? Esperemos que sí.
    P.s.— Maquiavelo, ¿Maquiavélico? Mañana, en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM, discutiremos este tema, con Maurizio Viroli, Leonardo Curzio y Raúl Contreras a las 10:30 am. Entrada libre.

    @Jorge_IslasLo

    Licenciado en Derecho por la UNAM, con Maestría en Leyes por la Universidad de Columbia, Nueva York, EUA. Ha sido un firme precursor del derecho a la información y la transparencia en México. Fue integrante y representante del grupo Oaxaca ante el Congreso de la Unión para la redacción de la primera ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 2000-2002. Profesor fundador de la primera cátedra de Derecho a la Información en México, en la Facultad de Derecho de la UNAM. 2002. Coordinador y editor del libro, la Transparencia en la Impartición de Justicia, obra que contiene los primeros estudios nacionales en materia de transparencia judicial, así como otros ensayos y artículos académicos en la materia (2004). Fue miembro del Consejo Directivo Internacional de artículo XIX, ONG dedicada a la promoción y defensa del derecho a la información, la libertad de expresión y la transparencia, con sede en Londres, Inglaterra. Ha recibido diversas distinciones personales y de grupo, entre las que destacan el reconocimiento que le entregó el Congreso del Estado de Connecticut de los EUA (2003) y el pleno del IFAI (2012) por su contribución e impulso en la discusión (JORGE ISLAS L. “”Institucionalización de la transparencia y del derecho a saber de la información pública gubernamental en el país””). Fue Abogado General de la UNAM (2004-2008). Es analista y editorialista de El Universal, Noticieros Televisa y el Instituto Mexicano de la Radio. Coordinó y editó recientemente la publicación del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo: 500 años sobre la verdad efectiva del poder (2014). Traductor y editor al español del Dr. Giovanni Sartori. Actualmente es Profesor titular por oposición de Derecho Constitucional de la UNAM.

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