Derechos humanos S. XXI

Corrupción y derechos humanosLa corrupción es una plaga insidiosa con un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. No lo digo yo, lo dice el primer párrafo del prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. La corrupción lacra a todos los países, a los más desarrollados y a los mal llamados “en vías de desarrollo”. 

Los más afectados siempre son los más pobres. Nuestro País no es la excepción. 

La corrupción es como un “monstruo con mil cabezas”. 

Utilizando palabras más sofisticadas, la comunidad de países perteneciente a las Naciones Unidas reconoció a la corrupción como un fenómeno capaz de afectar a la economía, permitir el surgimiento de la delincuencia organizada, desviar los fondos destinados a los programas sociales, disminuir la capacidad de los Gobiernos para ofrecer servicios básicos, además de acrecentar la desigualdad y la injusticia. 

Y, como la Hidra de Lerna, la corrupción es capaz de generar dos cabezas nuevas cuando se le ha cortado una, pues los seres humanos constantemente encuentran nuevas y creativas formas de cometer actos de corrupción.

La catástrofe definida en el párrafo anterior es, tal vez, el peor obstáculo para los países más pobres, y los no tan pobres, en su camino a la utopía del progreso y el desarrollo. Y, si bien, la corrupción es tan antigua como la historia de las sociedades humanas, son los años recientes testimonio de la toma de conciencia de la magnitud del problema y testigos del surgimiento de movimientos sociales para frenar esta plaga.

La pregunta entonces es: ¿existe una relación entre la corrupción y los derechos humanos?

Pongamos un ejemplo relacionado con hechos recientes. El sismo ocurrido en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, además de despertar en los mexicanos nobles y sinceras convicciones de solidaridad, dejó al descubierto de manera muy clara la potencial relación entre los actos de corrupción y la afectación a los derechos humanos de los ciudadanos. 

Durante el sismo, edificios se derrumbaron y seres humanos perdieron la vida. Posterior al sismo, y atendiendo a la máxima mexicana “ahogado el niño, a tapar el pozo”, habrían salido a la luz supuestas irregularidades con los permisos de construcción, con el otorgamiento de licencias de uso del suelo, fallas estructurales en las construcciones por el “ahorro de costos” de las empresas inmobiliarias, remodelaciones y adhesiones a edificios al margen de la ley, entre otras perversiones atribuibles a funcionarios y particulares corruptos.

Los hechos mencionados en el párrafo anterior (cuya veracidad o falsedad deben de ser probados a través de un procedimiento judicial apegado al debido proceso) son un gran ejemplo de cómo la comisión de actos de corrupción realizados por funcionarios públicos pueden afectar los derechos humanos de las personas, en este caso concreto: el derecho a la vida, el proyecto de vida y el derecho a la vivienda de tantas mexicanas y mexicanos cuya realidad dio un giro de 180 grados aquel 19 de septiembre. 

Poniéndonos técnicos, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción enlista algunos actos de corrupción, realizados por ciudadanos de todo el mundo, en todos los países.

Aquellos son: el soborno de funcionarios públicos, el peculado, la apropiación indebida de bienes, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, el encubrimiento y la obstrucción de la justicia.

El detrimento del presupuesto público destinado a combatir la pobreza, a los programas de salud pública, a la construcción de vivienda social (o cualquier otro rubro del cual los ciudadanos obtengan mejores condiciones de acceso a sus derechos) por cualquiera de los actos de corrupción antes mencionados, no puede ser tolerado por los ciudadanos democráticos de países tan desiguales como el nuestro.

Posdata: El pasado jueves tomaron protesta los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Coahuila. El Consejo forma parte de los esfuerzos locales para combatir la corrupción. 

A los ciudadanos nos toca seguir exigiéndole a nuestras instituciones honestidad y voluntad para erradicar los actos de corrupción, y con ello, respetar los derechos humanos de las personas. 

El autor es auxiliar de Investigación de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH