Guardia Nacional y crisis migratoria

Ayer se celebró el Día Internacional del Refugiado, ocasión propicia para reflexionar sobre el drama migratorio que se vive en nuestro país. Según datos de la Comar en 2014, hubo dos mil 137 solicitantes de refugio; en 2018, hubo 29 mil 630, pero para 2019 se presentaron 70 mil 609 solicitudes. Esto representa un aumento de 3 mil 304% en 5 años. Este porcentaje tiene varias causas, una de ellas es que el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a personas provenientes de Centro América, a venir a territorio nacional.

La política migratoria en México siempre ha sido de abandono e hipocresía hasta la raíz, puesto que se exige siempre el respeto a los derechos de nuestros paisanos en la frontera norte, pero sin reparar en el trato que damos a los migrantes que entran a nuestro territorio. Las cosas se agravaron cuando la administración de Donald Trump —mediante la amenaza de imponer aranceles— obligó al gobierno mexicano a transformar a la Guardia Nacional en policía fronteriza.

En efecto, aunque esta institución debe ser civil, nació y se consolidó como una corporación militar, como una extensión de las Fuerzas Armadas. Ahora es esta corporación militar la que, sin preparación alguna, y a partir de sus funciones policiales, se ha convertido, en los hechos, en el muro que tanto añoraba el señor Donald Trump. Y ello a costa de aquellos migrantes a los que se les ofrecían abrazos y trabajo.

La militarización de la seguridad pública y de la política migratoria se vio reforzada por el decreto de mayo, que dispone de las Fuerzas Armadas, sin definir los parámetros que exigía la reforma constitucional; esto es, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El funesto decreto, al no definir estos parámetros, refrendó el carácter profundamente militarista que va mostrando, cada vez con menor disimulo, el gobierno federal.

Pero la transformación de la Guardia Nacional no fue la única consecuencia de la permisividad del gobierno mexicano. También se le impuso el programa “Quédate en México”, mediante el cual los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperarán la resolución de su estatus en México. En los hechos se aceptó que México fuera tercer país seguro para los migrantes, lo cual, hasta el día de hoy es negado por el gobierno mexicano.

Lloviendo sobre mojado, la pandemia agravó las cosas, pues Estados Unidos incluso suspendió la posibilidad de solicitar asilo, dejando varadas a alrededor de 60 mil personas en nuestro lado de la frontera.

El Presidente tenía, al menos en el discurso, una idea distinta: abrazar a los migrantes, y llegó a ofrecer trabajo para todos. O nos mintieron o claudicaron, o los dos. Pero el hecho es que los abrazos sólo siguen para los criminales.

Y, a todo esto, no puede olvidarse la destrucción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al despojarla de su principal fortaleza: su independencia.

En el marco del Día Internacional del Refugiado, y a casi un año del aniversario del inicio de operaciones de la Guardia Nacional, no hay nada que celebrar. Muy al contrario. Claudicamos en el intento de hacer una política migratoria propia. Nunca había sido tan descarado el control de Estados Unidos sobre nuestra política migratoria. Tampoco había nunca sido tan descarada la intención de militarizar crecientemente al país no solo en seguridad pública sino también en cada vez más asuntos y ámbitos. El retroceso político e institucional es gigantesco. Y gigantesca será la tarea para recuperar un camino humanista, progresista y respetuoso de los derechos humanos.