Habemus Guardia
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Nació el modelo de la guardia nacional que México requiere y necesita urgentemente. Aún y cuando podrá tener mando, capacitación, organización y disciplina militar, será una fuerza policial eminentemente civil que estará sujeta a los diversos medios de control, fiscalización y responsabilidad que prevé la Constitución, para toda institución del Estado que no tiene fuero especial alguno ni reglas de actuación por excepción. Sus acciones estarán sustentadas en la ley y no en la discrecionalidad del poder arbitrario. Esto quiere decir que gran parte de su éxito, va a depender no sólo de los resultados obtenidos en el campo de batalla, sino de la capacidad de supervisión que tenga el Congreso para revisar periódicamente las decisiones y resultados de la nueva instancia policial.
De acuerdo con los artículos transitorios de la iniciativa aprobada por el Senado, en un primer momento tendrá una participación temporal de 5 años, tiempo suficiente para dar respuestas efectivas en su lucha contra la inseguridad y alta violencia con la que actualmente vivimos en la mayor parte del territorio nacional.
Esencialmente se ha creado una fusión de corporaciones ya constituidas, pero que actúan de manera aislada y fragmentada en sus esfuerzos institucionales y presupuestales, con los resultados que todos conocemos de los últimos años. De esta manera nace en un primer momento, una fuerza altamente capacitada y equipada, que puede dar mejores resultados en el mediano plazo, como producto de la unión de la policía militar, naval y federal que estarán bajo un mismo mando, con una estrategia idéntica y compartida para proteger la vida, las libertades, la integridad personal y patrimonial de las personas, así como la preservación del orden público y la paz social. En breves palabras, se ha constituido una nueva institución, con el fin de intentar recuperar al ESTADO. Así en mayúsculas.
¿Quién se podría oponer a una causa de esta magnitud? Con buenas razones y argumentos varias ONG´s, instituciones internacionales y nacionales que protegen los derechos humanos, así como académicos prestigiados, se opusieron y presionaron para modificar la iniciativa de ley que fue aprobada originalmente en la Cámara de Diputados para que no quedará una instancia policial eminentemente militar, dado que tanto la Constitución como diversos tratados internacionales de los que México forma parte, tienen distintas disposiciones que prohíben la militarización total o parcial en la persecución del delito, simplemente porque un soldado no tiene ni debe de tener el entrenamiento de un policía, y viceversa, generando con ello posibles riesgos colaterales en materia de derechos humanos. Si bien creo que en lo general todos apoyamos el mismo fin, quedo claro que no así por los mimos medios.
Afortunadamente, en el Senado se logró consensuar con la participación de todos los grupos parlamentarios, una nueva redacción para dar mayor certeza jurídica a todos los actores institucionales sobre los límites y marcos de acción que tendrán en la nueva función para intentar ofrecer más y mejor seguridad a todo gobernado. Hay que reconocer la sensibilidad y habilidad de todos los actores que intervinieron en este complejo y controvertido tema, para lograr un consenso amplísimo en la creación constitucional de la Guardia Nacional. Claramente el Senado logró resolver la ecuación que armoniza seguridad con libertad por la vía civil, sin entrar en un estado de excepción con restricción de garantías en la que la instancia militar tiene amplias facultades para resolver calamidades que requieren atención inmediata.
Con independencia del resultado de la votación con la que fue aprobada la iniciativa sobre la Guardia Nacional, 127 de 128 senadores, lo cual le otorga al nuevo marco legal amplia legitimidad, se logró dar una base constitucional de actuación a las fuerzas armadas en temas de seguridad pública, con el que previamente no contaban, generando con ello, certeza legal que a todos conviene tener, dado que la lucha es en contra de quienes no quieren que haya Estado, y no en contra de quienes son los que defienden nuestro presente y futuro, por medio del Estado.
