La (aún) pendiente agenda del espacio público

Hace menos de dos años destaqué en este espacio algunos temas en los cuales la entonces recién instalada Legislatura de Coahuila podría trabajar en relación con los espacios públicos como lugares físicos y simbólicos donde conviven los poderes y los ciudadanos con incidencia en la vida colectiva. Resalté tres retos: evitar su destrucción y captura, despenalizar actividades que alientan su uso, e impulsar aspectos virtuales del mismo. Hoy dicha agenda sigue pendiente.

Por un lado, el Congreso local no sólo abandonó esta agenda, sino sigue ignorando los retos que tiene delante suyo. Por ejemplo, el entonces mencionado desinterés en impulsar auténticos espacios incluyentes sigue siendo la norma. Bajo un pretendido crecimiento económico los gobiernos locales al día de hoy siguen favoreciendo la creación de ámbitos comerciales privados que, como señalan expertos, “carecen de un espacio más incluyente, en el sentido que se conviertan en espacios utilizados por todos”.

En cuanto al impulso de castigos penales que desincentivan la libertad de expresión inherente en espacios públicos, aún es una lamentable tendencia sin regresión en Coahuila. La reciente aprobación de leyes que castigan el “comunicar información sobre acciones, actividades o ubicación de las instituciones de seguridad pública”, como han señalado los tribunales “tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico”.

En el mismo sentido por lo que hace al impulso de ambientes públicos virtuales, la actual legislatura local simplemente no ha entendido las oportunidades que tienen en sus manos. Afortunadamente lo que sí hizo aunque por impulso de sectores feministas fue aprobar leyes que castigan el acoso y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento a través de dichos espacios.

En este sentido y aunque hasta hoy se ha quedado en poco más que buena voluntad, el Congreso local se subió a la agenda del Parlamento Abierto: la tendencia de convertir a los congresos en espacios públicos dispuestos al escrutinio y la participación social. Así, aunque la legislatura estatal acordó “mantener disponible toda la información pública que genere debido a sus operaciones” con las autoridades locales de acceso a la información, dichos acuerdos aún no se han materializado en sus plataformas de comunicación social.

Por otra parte, han surgido nuevos retos que la legislatura local simplemente no ha considerado. Así, las leyes que ordenan la adecuación de los espacios públicos físicos que garanticen la inclusión para todos siguen siendo ineficaces mientras el Congreso no introduzca sanciones al ignorarlas. Muestra de esto son las disposiciones que garantizan el acceso a estos espacios para las personas de talla pequeña. La regulación como demandan los representantes de dichos colectivos, es hoy letra muerta.

De igual forma, la desigual distribución del espacio físico que ha permitido la desmesurada apropiación de éste por el transporte privado es un reto para el que los legisladores no parecen estar listos para enfrentar. Según cifras recientes de organismos nacionales, la capital del estado es la novena ciudad con mayor congestión vehicular.

Los altos costos económicos que abonan a una mayor desigualdad social, además de los conocidos efectos en la salud de las personas, no pueden seguir siendo ignorados por las leyes.

Proteger el espacio público no es una aspiración menor. Ignorar las implicaciones de esta importante agenda en todos sus ámbitos, sin embargo, tarde o temprano nos puede traer altos costos sociales que nuestras leyes no se pueden permitir.

Juan Francisco Reyes

Investigador de la Academia

Interamericana de Derechos Humanos

Twitter: @jfreyess