¿Por qué está ‘entrampada’ la transición?

De acuerdo con la información disponible, los procesos de entrega recepción en dos de las principales ciudades del Estado se encuentran detenidos por razones que resulta difícil entender. Tanto en Saltillo como en Monclova, las actuales administraciones municipales parecen encontrar “dificultades” para avanzar en el proceso de entrega de la estafeta.

La pregunta resulta absolutamente obligada: ¿existe alguna razón –legal, material o de cualquier otra índole– que justifique el hecho de que los equipos de transición no obtengan de los actuales funcionarios toda la información que implica una entrega ordenada y pulcra?
En el caso de Saltillo, la administración que encabeza Isidro López Villarreal se ha escudado detrás del nimio argumento de que aún existen controversias legales sin resolver en torno al resultado electoral según el cual se declaró alcalde electo a Manolo Jiménez.

Tal hecho, conviene precisarlo, no constituye un argumento válido para retrasar o entorpecer el proceso de entrega recepción municipal pero, al menos en el plano político, Isidro López cuenta con un pretexto que suena lógico a los oídos de quienes simpatizan con él.
Pero incluso si el argumento anterior fuera válido, resulta inútil para justificar el hecho de que en Monclova la transición se encuentre empantanada, pues allí no solamente es inexistente cualquier controversia, pues no hay litigios pendientes de resolver, sino que ambas administraciones –la entrante y la saliente– pertenecen al mismo partido.

Más aún: si se hace caso a las evidencias a la vista, el sucesor de Gerardo García Castillo es un sucesor “a modo”, pues era funcionario de su propia administración. ¿O es acaso la cercanía entre ambos lo que retrasa el proceso porque “no se considera necesario entre amigos”?

Frente a los casos de Saltillo y Monclova, el de Torreón sirve como medida comparativa: la actual administración municipal –emanada del PRI– está avanzando en el proceso de entrega al equipo de Jorge Zermeño –militante del PAN– desde el pasado 23 de agosto e incluso las cabezas de ambas administraciones realizan actos públicos conjuntos.

Frente al ejemplo de lo que ocurre en Torreón, resulta absolutamente inexplicable la forma en la cual las administraciones municipales de Saltillo y Monclova se están conduciendo en este proceso pues claramente detrás del “empantanamiento” de la sucesión se encuentran únicamente consideraciones de índole político. Y eso, en el mejor de los casos.

Valdrá la pena en este sentido, que el Poder Legislativo de Coahuila tome nota de la actitud con la cual los alcaldes de ambas ciudades han pretendido burlar la Ley, a fin de introducir mejoras en la norma que impidan el retraso indebido de procesos que se diseñaron, no para garantizar el cumplimiento de caprichos políticos, sino los derechos de los ciudadanos.

¿Qué derechos? Fundamentalmente aquellos relacionados con el resguardo del patrimonio público, pues los procesos de entrega recepción se normaron para evitar que las transiciones gubernamentales vuelvan a ser un río revuelto en el cual los pescadores –de uno y otro lado– sean los que salgan ganando.