Provocación inadmisible

Politicón
/ 10 septiembre 2018

    Simplemente inadmisibles e inaceptables, las muestras de alta violencia con la que un grupo de jóvenes de los llamados "porros", cancela abrupta, impune y salvajemente, el libre y pacífico ejercicio de derechos de otros universitarios, que estaban expresando sus opiniones e inconformidades ante las autoridades universitarias dentro del campus central de CU.

    Indirectamente ha sido una afrenta para toda la comunidad y en general para toda la sociedad, porque también se han violentado nuestros derechos para convivir colectivamente en paz y sin temor; de ahí la gran respuesta de alumnos, académicos y trabajadores administrativos para repeler la violencia y la inseguridad.

    Estos hechos son inadmisibles por la violencia en sí y la flagrante vejación de derechos, pero también, porque es en el espacio universitario en donde debe prevalecer la razón, las ideas y los argumentos que posibilitan una sana convivencia dentro de la gran diversidad y pluralidad con la que se conforma nuestra comunidad. No es por la vía de los golpes como se dirimen nuestras divergencias y menos cuando se manipula a jóvenes agresores contra jóvenes agredidos.

    Nuestras discrepancias internas son parte de nuestra riqueza y de la gran inteligencia que aportan todos los días nuestros profesores e investigadores para transmitir o generar nuevos conocimientos en las diversas áreas de estudio que ofrece la Universidad a toda la nación.

    Con independencia de las acciones legales que se han emprendido contra las personas que resulten responsables por estos hechos, creo que seguirá siendo el diálogo respetuoso, tolerante e incluyente, la principal herramienta con la que se habrán de alcanzar los acuerdos necesarios dentro de las diversas instancias universitarias, para que se haga un frente común contra el porrismo que intimida y que condiciona nuestra paz y convivencia civilizada. Claro está que, sin el apoyo externo del Estado, poco o nada se va a lograr, dado que la Universidad no cuenta con facultades de ley, para ejercer el monopolio del uso de la fuerza coactiva contra quien cometa un delito, por la simple razón que sus fines son de otra naturaleza, como lo es la educación e investigación universitaria, así como la difusión de la cultura.

    Las sanciones penales en contra de los golpeadores que fueron captados por cámaras deben de ser inmediatas y proporcionadas con el daño causado, con todos los agravantes que la ley considera. Dejar sin sanción a quienes en flagrancia han sido señalados como responsables directos de generar actos tan violentos dejaría una gran frustración social por la impunidad e injusticia con la que las instancias de procuración, desatienden los asuntos de su competencia en la persecución del delito. Hay delitos claramente documentados que deben ser resueltos. Sin más.

    En los momentos en donde hay la intención por provocar y desestabilizar a la Universidad, debemos de estar unidos y organizados, para resolver con nuestros propios medios y con nuestra legislación interna, los desafíos que se presentan en lo inmediato y que son notoriamente ajenos a los principios e intereses de la Universidad.

    Espero que, con prudencia, con las experiencias que hemos tenido, no caigamos en ninguna provocación o trampa que nos quiera dividir y enfrentar. Esto únicamente favorecería los apetitos de los que buscan cancelar la buena marcha que lleva al día de hoy la Universidad Nacional Autónoma de México. No lo permitamos.

    Post Scriptum. No veo cómo explicar a mis alumnos de la UNAM y del ITAM, con la Constitución en mano, cómo es que un gobernador astuto y con mucho poder puede ostentar al mismo tiempo, dos cargos de elección popular, con mandatos empalmados y diferenciados. Después de 23 años de dar la misma clase, ahora no sé cómo explicar la división de poderes y la no concentración del poder en unas manos. No sé

    @Jorge_IslasLo

    Licenciado en Derecho por la UNAM, con Maestría en Leyes por la Universidad de Columbia, Nueva York, EUA. Ha sido un firme precursor del derecho a la información y la transparencia en México. Fue integrante y representante del grupo Oaxaca ante el Congreso de la Unión para la redacción de la primera ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 2000-2002. Profesor fundador de la primera cátedra de Derecho a la Información en México, en la Facultad de Derecho de la UNAM. 2002. Coordinador y editor del libro, la Transparencia en la Impartición de Justicia, obra que contiene los primeros estudios nacionales en materia de transparencia judicial, así como otros ensayos y artículos académicos en la materia (2004). Fue miembro del Consejo Directivo Internacional de artículo XIX, ONG dedicada a la promoción y defensa del derecho a la información, la libertad de expresión y la transparencia, con sede en Londres, Inglaterra. Ha recibido diversas distinciones personales y de grupo, entre las que destacan el reconocimiento que le entregó el Congreso del Estado de Connecticut de los EUA (2003) y el pleno del IFAI (2012) por su contribución e impulso en la discusión (JORGE ISLAS L. “”Institucionalización de la transparencia y del derecho a saber de la información pública gubernamental en el país””). Fue Abogado General de la UNAM (2004-2008). Es analista y editorialista de El Universal, Noticieros Televisa y el Instituto Mexicano de la Radio. Coordinó y editó recientemente la publicación del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo: 500 años sobre la verdad efectiva del poder (2014). Traductor y editor al español del Dr. Giovanni Sartori. Actualmente es Profesor titular por oposición de Derecho Constitucional de la UNAM.

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