¿Qué significa ser transparente en la realidad?

Uno de los principales logros que la sociedad civil se anotó en México en los últimos años fue la inclusión, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la obligación de los funcionarios públicos de presentar y transparentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, conocidas con el nombre de “3 de 3”.

La iniciativa fue largamente discutida y, como se recordará, provocó un fuerte encontronazo entre los poderes federales y la sociedad civil, debido a una primera aprobación que pretendió “quitare los dientes” a una norma que, al menos en teoría, permitiría detectar con mayor facilidad los actos de corrupción cometidos desde y en el servicio público.

Finalmente la obligación de presentar las declaraciones citadas, así como de hacerlas públicas, se convirtió en norma, aunque todavía estamos a la espera de que algunos de los efectos de esta reforma –específicamente la creación del “sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal”– se conviertan en realidad.

Pero, como ha ocurrido desde que en el año 2001 se creó la primera norma en materia de transparencia y acceso a la información pública, nuestros funcionarios siguen arreglándoselas para eludir el propósito último de que existan dichas reglas: que el ciudadano pueda realmente fiscalizarles.

Un botón de muestra en este sentido lo constituye el reporte que presentamos en esta edición, relativo al análisis de las declaraciones presentadas en Coahuila por los integrantes del gabinete estatal y que, a primera vista al menos, se habrían realizado mediante una “fórmula mejorada” que no es “3 de 3”, sino “5 de 5”.

A nivel local, a las tres declaraciones que exige la Ley General de Responsabilidades Administrativas se les añadió la presentación de una carta de no antecedentes penales y un examen antidoping. Sin embargo, el análisis sobre el cumplimiento de esta obligación demuestra que “más”, no necesariamente es sinónimo de “mejor”.

Y es que pese al añadido, la información que se proporciona al ciudadano es insuficiente para seguirle la huella al patrimonio de los servidores públicos de alto nivel, para identificar los intereses que tiene y que, eventualmente, podrían entrar en conflicto con sus responsabilidades públicas, o para saber si paga o no impuestos.

Hoy sabemos, sí, que ninguno de los integrantes del gabinete que encabeza Miguel Ángel Riquelme ha sido condenado por la comisión de un delito, o que ninguno de ellos consume drogas, pero eso era algo esperable, que nada aporta a la posibilidad de que dicho grupo sea considerado un ejemplo de transparencia.

Y eso es así porque la forma en la cual están diseñados los formatos para la presentación de las declaraciones, así como las versiones públicas de las mismas, constituye un remanente de la cultura de opacidad que ha caracterizado al servicio público en nuestro País.

Tal parece que nuestros funcionarios estatales sólo serán transparentes cuando la estandarización de los formatos de declaración y la existencia de un registro, sobre el cual no tendrán control, les obligue a ello.