Quién manda en el Sistema Nacional Anticorrupción
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El 9 de julio pasado, tuvo lugar la sesión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. De una larga agenda que originalmente se había planteado para la sesión, únicamente se revisó el tema de la modificación de los formatos de declaración patrimonial y de intereses. Recordará usted que estos formatos ya se habían publicado en el Diario Oficial en noviembre de 2018, estaban listos para entrar en vigor el 30 de abril de este año, pero la Secretaría de la Función Pública solicitó que se modificaran y así se acordó, por lo que se publicó otro acuerdo señalando como fecha máxima de modificación y entrada en vigor de los siguientes formatos el 31 de diciembre de 2019.
Para lograr lo anterior, se creó un grupo de trabajo coordinado por la SFP e integrado por enlaces de los miembros del Comité Coordinador en el que se revisaron las inquietudes de la Secretaría y fue esta quien propuso un nuevo formato. El problema es que la metodología en las reuniones de los enlaces fue poco democrática; primero, se partió de un nuevo formato propuesto por la propia SFP y no del ya aprobado y, además, lo que la Secretaría consideraba que no procedía, quedaba fuera. Adicionalmente, el sábado por la tarde y sin marcas de revisión se circuló por mail a los integrantes una "última versión" que se votaría el martes 9 de julio.
Llegado el día de la sesión, surgieron dos temas de fondo y uno de forma. El Poder Judicial, en voz del consejero Pérez Daza, planteó lo que consideró una disparidad entre los formatos y las obligaciones internas de los impartidores de justicia por lo que hace a conflictos de interés que son actualmente mayores a las incluidas en los formatos, así que pidió que se votara una modificación estableciendo que para ese supuesto aplicaría, en el Poder Judicial, su propia normatividad y así fue. Por otro lado, Francisco Acuña, presidente del Inai manifestó su voto particular externando básicamente seis temas de preocupación de los formatos que su pleno votó previamente, entre los que se encuentra su oposición a la eliminación de una serie de campos, la falta de cuidado del interés superior del menor, así como la publicidad de los datos personales por sección.
Por otro lado, la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, externó su molestia, y con toda razón, respecto de los tiempos y formas manejados durante los trabajos en la modificación de los formatos, el hecho de que el sábado anterior se haya distribuido la última versión y que las personas designadas como enlaces de cada uno de los miembros del Comité Coordinador hayan tomado decisiones sobre el formato sin que esto sea procedente, ella señaló que no tiene personal para enlace.
El asunto es que los nuevos formatos se aprobaron en lo general, en el entendido de que se revisarían las preocupaciones del Inai en reuniones posteriores y se votarían después en el Comité.
De lo acontecido en esta sesión, puede destacarse lo siguiente:
1. La SFP pretende tomar la batuta del Sistema: tomó el control de los formatos y ha estado evitando la discusión del documento de Política Nacional Anticorrupción elaborado por la SESNA, porque presentará la propia. Los integrantes del Comité tenían hasta el 19 de julio para presentar observaciones al documento y ninguno presentó nada, quizás esto signifique que han cedido, aún es pronto para saberlo.
2. El Poder Judicial, que ha estado desde el principio renuente a la aplicación de estos formatos, aprovechó el momento para lograr una salvedad en ellos, sin que en mi opinión afecte la transparencia, a pesar de que no lo hizo en los que fueron aprobados por unanimidad en noviembre, pero claramente su deferencia al Ejecutivo está acotada.
3. Hubo contrapesos: el del Inai por temas de fondo, gracias a lo votado en su pleno, y el de María de la Luz Mijangos, que sin rodeos y directa dijo lo que tenía que decir en la sesión y gracias a ella se postergó la discusión al menos respecto de los temas puestos en la mesa por el Inai. El Comité de Participación Ciudadana moderó la sesión.
