Ruleta judicial

Confirmé esta perogrullada mexicana durante el primer semestre de litigio con Humberto Moreira, el político que me demandó hace ocho meses por 10 millones de pesos que compensarían los daños que causé a sus “sentimientos, afectos, creencias, decoro [y] reputación” por una columna que escribí el 20 de enero de 2016, mientras Moreira estaba encarcelado en España porque, según la Audiencia Nacional de aquel país pudo haber cometido los “delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, […] malversación de caudales públicos y cohecho”. 

A Moreira le ha ido bien en sus demandas y terminó 2016 envalentonado. En diciembre declaró a un portal coahuilense que si le “tiran guamazo, [él] tir[a] demanda”. Confía en salir victorioso en sus litigios y lanzó una bravuconada a otro portal: “vamos a tener que construir unos tres o cuatro Ceresos [cárceles] pa’ meter a todos los bocones”. 

Desplantes comprensibles. Tiene para pagar abogados y parece ser un consentido del presidente. José María Irujo contó en El País que cuando lo encerraron en Madrid el gobierno de Enrique Peña Nieto “puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para […] conocer su situación, […] atender a su familia y sacarle de la cárcel”. La semana pasada experimenté lo opuesto; la embajada de México en España me negó la ayuda que solicité para obtener un poder urgente exigido por un juez federal que revisa una arista del litigio. 

El Juez Décimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México, Alejandro Rivera Rodríguez también lo consiente. En los inicios de la querella —septiembre de 2016— ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que entregara a Moreira mis estados de cuenta bancarios antes de haber sido condenado. Mis abogados interpusieron un recurso; el juez lo aceptó, pero me impuso una garantía de 225 mil pesos en efectivo cubierto de urgencia con un préstamo de El Colegio de México. La semana pasada el juzgador ordenó que entregaran ese dinero al abogado de Moreira que ni siquiera es parte del litigio.

El juez también autorizó una pericial psicológica con preguntas elaboradas por Moreira que me condenan de antemano. Observen el fraseo: “La perito deberá determinar si a partir de las descalificaciones, insultos, burlas y falsas acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada que atribuyó […] Sergio Aguayo Quezada [al] Sr. Humberto Moreira Valdés se ha denostado su imagen y credibilidad como figura pública”. Ya pedimos cambio de juez al Consejo de la Judicatura del DF presidido por Edgar Elías Azar.

Consulté a otros colegas demandados por daño moral y el patrón es similar. Para Lydia Cacho el “sistema judicial es el brazo ejecutor de las venganzas personales de los políticos”; Según Miguel Badillo: la “justicia mexicana está corrompida”; La Vanguardia de Coahuila ha tenido una experiencia “pésima”; y Javier Quijano Baz, abogado de Carmen Aristegui, considera que un buen número de jueces mexicanos son “ignorantes” o “corruptos”. 

Michel Forst, relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, coincide con estos dichos. En un informe del 24 de enero de 2017 asegura que en México hay un “mal uso deliberado del derecho” y que la “presentación de denuncias infundadas” contra periodistas es una forma de intimidación. 

Los sinsabores de estos últimos meses se equilibraron con la solidaridad, afecto y apoyo de innumerables lectores y de organismos como Artículo 19 —mi representante— y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Mis abogados —Héctor y Sergio Beristaín— piensan que ganaremos porque hay jueces honestos. Lydia Cacho siempre tuvo la esperanza de “encontrar a esos pocos jueces éticos y  responsables” y Rosa Esther Beltrán, columnista de La Vanguardia de Coahuila también demandada, encontró un buen juzgador. 

Espero salir bien librado de la visita a la ruleta de un sistema judicial caro, lento e impredecible. Por ahora, las únicas certidumbres son que el gobierno de Enrique Peña Nieto y un juez capitalino consienten y protegen a Humberto Moreira, exgobernador y expresidente del PRI. 

Twitter: @sergioaguayo
Colaboró Maura Roldán Álvarez