(sin)Razones

Digámoslo pronto para no perder tiempo: el uso de la violencia —venga de donde venga— es inaceptable como método para la resolución de un diferendo. En ese sentido, la violencia debe ser condenada siempre —sin ambigüedades ni fisuras— y señalados sus autores materiales e intelectuales.

Desde tal perspectiva, lo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca, donde grupos civiles (importa poco si las personas pertenecían a la CNTE o cualquiera de las múltiples organizaciones de aquella entidad) chocaron con fuerzas policiales, dejando como saldo trágico ocho personas muertas y decenas de lesionados, es imposible de justificar.

Sin embargo, lo injustificable de tales hechos no justifica las pretensiones con las cuales los antagonistas llegaron al fatídico encuentro del 19 de junio pasado, ni justifican las acciones emprendidas a partir de esa fecha. Nos explicamos:

La confrontación de Nochixtlán ocurrió luego de una semana de bloqueos carreteros en Oaxaca, organizados fundamentalmente por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Las consecuencias de los mismos fueron –y son— resentidas por la economía de aquella entidad.

Los Gobiernos estatal y federal, en cumplimiento de sus obligaciones para con el resto de los ciudadanos ajenos al conflicto magisterial, organizaron un operativo policial para disolver el bloqueo registrado en Nochixtlán pero, como ya es costumbre, lo hicieron muy mal y el asunto terminó en tragedia.

Poco —por no decir nada— puede alegarse en este episodio a favor de las corporaciones policiales: el trágico saldo solamente se explica a partir de la ausencia de protocolos de actuación eficaces y de la torpeza con la cual se toman decisiones en los círculos del poder en México.

Y los errores deben tener consecuencias para quienes los provocaron. Por eso el Gobierno debe investigar a conciencia lo ocurrido y fincar responsabilidades a quien resulte responsable de permitir el desbordamiento de los hechos en Nochixtlán.

Pero reconocer la existencia de excesos por parte del sector público no otorga la razón en automático a quienes mantenían —y mantienen— los bloqueos carreteros en Oaxaca y ahora también en Chiapas. Y no se las otorga, ni respecto de sus pretensiones anteriores, ni sobre las nuevas.

El ya muy prolongado conflicto magisterial en Oaxaca –y algunas otras entidades del sur del País— tiene su origen, como es bien sabido, en un hecho puntual: a la sección 22 de la CNTE se le quitó el control del sistema de educación pública de Oaxaca y eso implicó no solamente rescatar dicho sistema, sino fundamentalmente suprimir los muchos privilegios de los cuales gozaban sus dirigentes.

Bajo el argumento de defender una visión “diferente” de la educación, la dirigencia magisterial oaxaqueña ha endurecido su discurso e instrumentado acciones de presión para empujar sus objetivos: dar marcha atrás a la reforma educativa y sus consecuencias.

No es nueva la actitud beligerante de la disidencia magisterial oaxaqueña. En diversos puntos de la historia tal característica ha conducido a conflictos y arrojado resultados indeseables para Oaxaca —y para México— además de, en buena medida, ganarle al magisterio de aquella entidad una mala fama.

Tras los hechos de Nochixtlán, sin embargo, el movimiento de la CNTE se ha visto fortalecido gracias a una ola de solidaridad surgida en todo el país —de forma correcta, sin duda— en repudio a las acciones policiales del pasado 19 de junio.

Y tienen razón quienes han salido a las calles a manifestarse en contra de la posibilidad de resolver un conflicto —éste o cualquier otro— a punta de pistola, sobre todo porque no existe evidencia alguna con la cual se pueda justificar meridianamente lo ocurrido.

Nadie puede razonablemente estar a favor de lo ocurrido en Nochixtlán. Pero nadie puede tampoco estar de acuerdo en, a partir de los trágicos sucesos, conceder la razón a quienes son, no solamente corresponsables de esos mismos hechos sino, sobre todo, de la tragedia en la cual se ha convertido el sistema educativo oaxaqueño.

Son las mismas personas y los mismos actores relevantes protagonizando y discutiendo ambos temas en forma simultánea, pero no pueden mezclarse como si fueran una y la misma cosa.

Los muertos de Nochixtlán son víctimas de la torpeza y la brutalidad de los agentes del Estado. Los niños y jóvenes de toda Oaxaca son víctimas de un gremio abusivo cuyos intereses caminan de espaldas a los colectivos.

Los hechos del 19 de junio deben investigarse para castigar a los culpables y hacer justicia. El sistema educativo debe corregir el rumbo para garantizar la viabilidad del país. Ignorar la diferencia entre un tema y otro es abonarle al diálogo de sordos en el cual se ha convertido esta discusión en la cual todo mundo participa aportando sólo sin razones.

¡Feliz fin de semana!

carredondo@vanguardia.com.mx
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