Sistema Anticorrupción, ¿va a servir para algo?

Si usted realiza una encuesta entre las personas que le rodean -en cualquier momento del día-, con el propósito de conocer la opinión que estas tienen del Sistema Anticorrupción -el federal o el estatal- lo más probable es que se encuentre con dos cosas:

La primera es que muchas personas ni siquiera sabrán de la existencia de este entramado institucional teóricamente diseñado para combatir el principal flagelo de nuestra sociedad; la segunda es que quienes sí saben de su existencia seguramente no tendrán una buena opinión de éste.

Ambas cosas tienen una explicación tan sencilla como decepcionante: dos años y muchos cientos de millones de pesos después, la corrupción -y su hija bastarda, la impunidad- siguen gozando de cabal salud en nuestro país, incluso después de que el nuevo Gobierno de la República, cuyo principal objetivo es erradicar la corrupción, haya completado su primer año de vida.

Nadie -o casi nadie- cree realmente que el Sistema Anticorrupción le haga honor a su rimbombante nombre, o que su existencia tenga algún poder de disuasión entre quienes han decidido hacer de la corrupción un modo de vida, o al menos entre quienes ocasionalmente se ven tentados por la posibilidad de torcer la ley en su beneficio.

El escepticismo ciudadano se refuerza cuando los protagonistas de los casos paradigmáticos de corrupción, aquellos que se han convertido en un referente histórico de la vida pública del país o de nuestra entidad, siguen habitando el territorio de la impunidad o solamente son perseguidos por autoridades extranjeras.

Dos botones de muestra publicamos en esta edición a propósito de lo señalado líneas arriba: un reportaje auspiciado por el International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, y las declaraciones del Auditor Superior del Estado en el sentido de que en la Fiscalía Anticorrupción existe “un cuello de botella” en materia de procesamiento de las denuncias presentadas ante dicha instancia.

En el primero de los casos se da cuenta de cómo la alcaldía del municipio de Abasolo habría sido literalmente “saqueada”, reduciendo gravemente el margen de maniobra del gobierno municipal que inició funciones el primer día de este año. En el segundo se consigna lo que bien puede calificarse de “frustración” por parte de un funcionario que intenta judicializar 200 casos de presunta corrupción en la entidad.

¿Por qué no avanzan -o parecen no avanzar- los casos denunciados en contra de quienes han cometido actos que presuntamente merecen castigo? La Fiscalía Anticorrupción seguramente contará con una explicación técnica al respecto, pero -también seguramente- a los ciudadanos tal explicación les sonara a palabrería hueca.

Porque al final de cuentas lo que se consolida en la mente de los ciudadanos es la certeza de la corrupción es un mal no sólo endémico sino incurable al que nadie quiere realmente plantarle cara. Ni siquiera quienes tienen formalmente la responsabilidad de hacerlo.