¿Por qué odian al juicio de amparo?

Opinión
/ 27 julio 2022

Quizá no sea novedad que quien, desde hace muchos años, siendo jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, violó una suspensión en materia de amparo, lo vuelva hacer ahora que es Presidente de la República. En el fondo, se trata de un desplante autoritario que demuestra un preocupante desprecio por la división de poderes y por el trabajo que, por mandato constitucional, debe hacer el Poder Judicial de la Federación.

La historia es sencilla: un juez de Distrito desde hace semanas, instruyendo varios procesos de amparo, ordenó detener las obras de una parte del llamado “Tren Maya”. Al Gobierno esa decisión no le gustó, pero se trata de una orden que se debe respetar y que, en caso de ser violada, puede dar lugar a responsabilidades de carácter penal.

Ante ese panorama, el Gobierno se sacó de la manga que la construcción de ese específico tramo del Tren Maya es un tema de seguridad nacional. Se trata de una burda artimaña, tanto desde el punto de vista gramatical como jurídico. Respecto de lo primero, es obvio que no cualquier cosa puede ser clasificada de seguridad nacional, solamente por la voluntad de un servidor público de llamarla así.

Además, ningún decreto administrativo puede dejar sin efecto una orden dictada por un juez federal en aplicación de sus competencias constitucionales. Lo correcto es respetar el mandato de la suspensión de la obra, esperar a que se resuelva en definitiva el juicio y acatar a plenitud lo que se indique en la sentencia. Así se deben conducir las autoridades en un Estado de derecho.

Ojalá algún día nos quede claro a todos, ciudadanía y gobernantes, que la legalidad es el terreno de entendimiento común, el espacio en el que todos debemos encontrarnos y en el que estamos llamados a participar de la mejor manera posible. Respetar la Constitución y las leyes no es algo de “conservadores” o de “progresistas”: es una condición indispensable para que todas las posturas políticas puedan dialogar y contribuir a la construcción de un país mejor.

Y, por cierto, respetar la Constitución también requiere dejar de lanzar amenazas de que se va a investigar a jueces federales. Si hay alguna duda sobre su conducta, que se encaucen los procedimientos correspondientes, en vez de vulnerar su investidura con diatribas que tienen su origen en el talante autoritario de quien las profiere.

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