‘¿Qué tiene de malo?’: Caso Ebrard y la delgada línea entre legalidad y ética pública

La frase “¿Qué tiene de malo?”, asociada a la defensa pública de Marcelo Ebrard sobre la estancia de su hijo en la residencia oficial de la Embajada de México en Reino Unido, ha detonado un debate que rebasa lo jurídico. Más allá de determinar si hubo o no una falta legal, el caso pone sobre la mesa una pregunta más profunda: ¿basta con que algo no sea ilegal para considerarlo éticamente correcto?

La situación ocurrió hace ya rato, en tiempos de pandemia, pero la moralidad no está supeditada ni a las administraciones ni a los tiempos. En este sentido, la postura del excanciller ha sido clara: no hubo abuso ni uso indebido de recursos, por lo que la situación puede entenderse como un acto personal, incluso familiar. Bajo esa lógica, el criterio central es la legalidad. Si no existe una infracción normativa, entonces no habría motivo de reproche.

El asunto es que la embajadora en turno no estaba prestando su casa: hospedó al hijo de Ebrard en un sitio que no le pertenece y que es un pedazo de nuestro país, en concreto, en Londres. Ese espacio sirve al servicio diplomático –por cierto, pagado con los impuestos de los mexicanos– y no tiene características ni de hotel ni de casa de asistencia.

Sin embargo, este enfoque contrasta con la reflexión del teólogo moral Marciano Vidal, quien advierte sobre los riesgos de lo que denomina “permisividad social”. Para Vidal, este fenómeno no se reduce a un relajamiento aislado de normas, sino que constituye una actitud colectiva en la que se debilitan o desaparecen normas morales tradicionales, se justifican conductas apelando a la libertad individual y, finalmente, se pierde la capacidad de distinguir con claridad entre el bien y el mal. No es una expansión sana de la libertad, aclara, sino una libertad desvinculada de la responsabilidad ética.

El análisis de Vidal se sitúa en el contexto de sociedades contemporáneas marcadas por el pluralismo moral –donde coexisten múltiples visiones de lo correcto– y el subjetivismo ético, que tiende a convertir la moral en una decisión individual. A esto se suma una reacción histórica contra modelos morales rígidos, lo que ha llevado a una flexibilización de criterios que, en algunos casos, deriva en permisividad.

Desde esta perspectiva, el argumento “no tiene nada de malo” puede leerse como algo más que una defensa puntual: refleja un razonamiento en el que lo permitido sustituye a lo éticamente evaluado. El problema, según Vidal, es que este tipo de posturas puede generar un vacío de valores compartidos, así como dificultades para sostener una ética común en la vida pública y, por último, la normalización de conductas que, aunque no ilegales, pueden afectar la equidad o la confianza social.

En el caso de la residencia diplomática, el debate no sólo gira en torno a su uso concreto, sino a su significado: se trata de un espacio que representa al Estado. Su utilización para fines privados, aunque pueda justificarse en términos personales, abre interrogantes sobre los límites entre lo público y lo particular. ¿Cuántos servidores públicos hacen esto? Necesitaríamos ser muy ingenuos para decir que sólo los implicados actúan así. No se requiere de evidencias, pero sí es importante poner un hasta aquí a todo tipo de abusos, si en verdad se quiere vivir en la coherencia, en la honestidad y en los valores que proclaman quienes nos gobiernan.

Frente a la permisividad, Marciano Vidal no propone un retorno al autoritarismo moral, sino una alternativa más exigente: una ética basada en la responsabilidad personal y social, el respeto a la dignidad humana y el ejercicio de una conciencia moral bien formada. La clave, insiste, no está en restringir la libertad, sino en vincularla a criterios éticos sólidos.

A la luz de este debate, la discusión no puede cerrarse únicamente en el terreno de lo legal ni en justificaciones personales, como algunos lo sugieren. En concreto, no todo lo legal es moral. Una sociedad que normaliza prácticas cuestionables corre el riesgo de perder sus referentes éticos más básicos. Por eso, conviene afirmar con claridad un principio que trasciende coyunturas políticas: lo malo siempre será malo, aunque todos lo practiquen; lo bueno siempre será bueno, aunque nadie lo practique.

Aplicado al caso, el punto crítico no es sólo si existió o no una falta jurídica, sino si se incurrió en un trato privilegiado que rompe con la equidad que debería regir en lo público. En un país donde la mayoría de los ciudadanos no tiene acceso a ese tipo de beneficios, resulta inevitable cuestionar la legitimidad de estas situaciones. No todos los hijos de mexicanos pueden acceder a residencias oficiales en el extranjero ni a los recursos asociados a ellas, y esa desigualdad, cuando proviene del poder, erosiona la confianza social.

Por ello, más allá de las explicaciones ofrecidas por Marcelo Ebrard, el caso subraya la necesidad de establecer límites claros y, en su caso, sancionar las conductas que desdibujen la frontera entre lo público y lo privado. No como un acto de persecución, sino como una condición indispensable para sostener la credibilidad institucional y fortalecer una cultura ética que no dependa únicamente de lo que la ley alcanza a prohibir.

En conclusión, el caso no sólo confronta una acción concreta, sino que exhibe una tensión de fondo en la vida pública: la tendencia a reducir la ética a lo meramente legal. La postura de Marcelo Ebrard, centrada en la ausencia de ilegalidad, resulta insuficiente frente al llamado de Marciano Vidal a recuperar una ética más exigente (normas y acuerdos legales), donde la libertad esté inseparablemente unida a la responsabilidad y al bien común.

Aceptar que “no tiene nada de malo” sólo porque no está prohibido implica abrir la puerta a una permisividad que debilita los criterios morales compartidos y normaliza privilegios incompatibles con la equidad. En ese sentido, el verdadero desafío no es únicamente determinar responsabilidades legales, sino reafirmar una cultura ética donde el ejercicio del poder esté sujeto a estándares más altos que el mínimo permitido. Así las cosas.