Reforma de pensiones: las prisas y los ‘yerros’

La voz popular advierte con sabiduría, ante el surgimiento de discusiones sobre temas polémicos, que si se piensa mal, seguramente se acertará. No siempre ocurre así, desde luego, pero cuando aparecen elementos que llaman a la sospecha no parece haber mucho margen para la interpretación.

Eso justamente es lo que ocurrió ayer cuando, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se sometió a discusión del pleno la propuesta de reformas a las normas que rigen el sistema de pensiones del país, para crear el denominado “Fondo de Pensiones para el Bienestar”.

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Legisladores de la oposición denunciaron en la tribuna que el dictamen incluido en la Gaceta Parlamentaria y sometido a discusión y eventual votación, no era el mismo que se había aprobado en comisiones dos días antes. El descubrimiento obligó a los promotores de la iniciativa, representantes del oficialismo, a “bajar” el dictamen del orden del día y posponer su discusión.

Los defensores de la propuesta alegan que no existe nada turbio en lo ocurrido, que se trata de un “error humano” y que, en el afán de garantizar la pulcritud del proceso legislativo, accedieron a regresar el dictamen a comisiones para ser discutido nuevamente el próximo lunes.

Los opositores sostienen, como es fácil adivinar, la postura contraria. Y lo ocurrido este miércoles les ha provisto de combustible para apuntalar su hipótesis: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende “confiscar” los ahorros de los trabajadores para financiar sus estrategias políticas de seguridad social.

Conviene aquí puntualizar el núcleo de la propuesta y el contexto en el cual ha sido presentada para su aprobación.

Sobre lo primero es necesario decir que el fondo de la propuesta no suena mal en principio: se trata de crear un fondo para “complementar” las pensiones de quienes, con el dinero que tienen en su cuenta de retiro, no lograrían tener un ingreso razonable una vez que accedan a la pensión.

El problema es que el planteamiento implica que ese “complemento” no se financie con fondos públicos, sino privados, es decir, con el dinero de quienes, por la razón que sea, hayan mantenido inactivas sus cuentas personales, su patrimonio, durante una década.

Sobre lo segundo debe señalarse que siempre resultará llamativo, por decir lo menos, que un gobierno pretenda realizar una modificación de este calado al final de su periodo, en medio de una campaña electoral y manifestando una prisa que no puede convocar sino a la sospecha de que algo raro hay detrás.

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Y si, encima de ello, se cometen “errores” como el de ayer, la mesa está puesta para la especulación. Porque siempre quedará la inquietud de por qué, si la reforma es tan benéfica, no se planteó un otro momento del sexenio, o por qué no se da el tiempo necesario para discutirla con serenidad y profundidad.

Todos queremos tener una pensión digna, de eso no hay duda. Pero todos queremos también que el gobierno carezca de facultades para meterle mano a nuestro patrimonio. En esto último está el meollo del asunto.