Reforma electoral en Coahuila, ¿cuál es su propósito?

La legislación electoral, en cualquier sociedad democrática, debe tener el propósito de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de la ciudadanía. En otras palabras, la modificación de las reglas para acceder al poder público debe estar inspirada por la idea de ensanchar las rutas mediante las cuales la ciudadanía se pronuncia en relación con la renovación del poder.

Y es que si no es ese su propósito, las reglas electorales no estarían surtiendo el propósito fundamental para el cual fueron creadas. ¿Por qué? Porque el poder público debe estar al alcance de todas las personas que integran la comunidad.

El comentario viene al caso a propósito de las múltiples iniciativas de reforma electoral que fueron presentadas ayer en el Congreso del Estado y que tiene como propósito modificar las reglas con las cuales se desarrollarán las eleciones que el año próximo derivarán en la renovación de los 38 ayuntamientos de la entidad.

Entre las múltiples iniciativas que fueron presentadas se encuentran algunas que, al menos en teoría, pretenden garantizar el acceso paritario a hombres y mujeres a los cargos en disputa. También se busca establecer mejores reglas para normar el gasto electoral y regular de mejor manera el uso de recursos provenientes de fuentes privadas.

Con independencia de las particularidades de cada propuesta planteada en el Poder Legislativo, conviene siempre puntualizar de qué estamos hablando: de la renovación de los poderes públicos.

No se trata de una puntualización menor, sino de una de la mayor relevancia, pues no hablamos aquí de los intereses de los partidos políticos sino de los de la ciudadanía.

Los partidos políticos, es cierto, han “secuestrado” de alguna forma la voluntad de la ciudadanía al apoderarse de la posibilidad de establecer las reglas para la renovación de los poderes públicos. Pero el hecho de que esto ocurra no debe conducirnos a la normalización del proceso.

Por ello, convendría que quienes hoy ostentan nuestra representación en el Poder Legislativo de Coahuila tengan claro que los ciudadanos también entendemos la naturaleza de la discusión que se desarrolla en la asamblea legislativa y que no somos ajenos a sus implicaciones.

Porque, al final de cuentas, de lo que se trata no es de establece reglas “convenientes” para los partidos, sino adecuadas para que la pluralidad de nuestra comunidad se encuentre representada en los órganos de gobierno.

Cabría esperar en este sentido que la discusión a desarrollarse en el Poder Legislativo de Coahuila, de cara a las reformas que se proyectan a la legislación electoral de la entidad, sea una que tome en cuenta las aspiraciones colectivas y no solamente los intereses partidistas.