Reforma electoral: Enojo ciudadano vs. concentración de poder

Eliminar a los diputados plurinominales se ha convertido en una consigna políticamente rentable. La narrativa es simple: son caros, nadie vota directamente por ellos, sirven para reciclar políticos protegidos por el fuero y hay personajes que se han eternizado en las cámaras permaneciendo en la nómina del Estado. El mensaje conecta con un hartazgo real. Pero cuando se pasa del eslogan a la estructura institucional, la reforma deja de ser un ajuste y se convierte en un rediseño del poder.

La Cámara de Diputados no es una oficina administrativa. Es el órgano que aprueba el presupuesto federal, reforma la Constitución y puede iniciar juicios políticos. Cambiar su integración altera el equilibrio entre fuerzas políticas y redefine los contrapesos.

TE PUEDE INTERESAR: El futuro de los plurinominales

Por supuesto, los partidos –las organizaciones más desacreditadas en nuestro país– han abusado de las listas plurinominales: se han ido por la libre. Durante años, dirigencias de todos los colores han colocado en posiciones seguras a operadores políticos, líderes partidistas, perfiles cuestionados, personajes que perdieron elecciones, pero regresaron por lista, y esto ha generado una desilusión y un enojo en una buena parte de la ciudadanía.

Ese uso faccioso erosionó la legitimidad del sistema. Y no es exclusivo de una fuerza política. Lo hicieron partidos tradicionales durante décadas y hoy también lo hace Morena, que en el pasado criticó el mecanismo y ahora lo utiliza para asegurar posiciones estratégicas. El enojo ciudadano tiene base real.

A ese malestar se suma otro elemento: el fuero constitucional. Casos polémicos reforzaron la percepción de que el cargo legislativo puede funcionar como escudo temporal frente a investigaciones penales. El caso de Julio César Godoy Toscano –quien rindió protesta en medio de acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado y posteriormente fue desaforado antes de darse a la fuga– consolidó la idea de que el sistema podía ser burlado.

En 2021, la Cámara retiró el fuero a Mauricio Toledo por presunto enriquecimiento ilícito, pero el hecho de que saliera del país antes de enfrentar plenamente el proceso, reforzó la narrativa de que el fuero puede otorgar tiempo estratégico. Lo otro son los debates recientes sobre las solicitudes contra Cuauhtémoc Blanco, que evidenciaron que las decisiones de desafuero pueden leerse también en clave partidista. Cada caso tiene matices jurídicos distintos. El fuero no elimina delitos ni garantiza impunidad automática. Pero políticamente ha sido percibido como blindaje. Y esa percepción pesa.

El problema es que eliminar a los plurinominales no resuelve ni el abuso de las listas ni el uso político del fuero. La representación proporcional fue incorporada tras la reforma política de 1977, durante el gobierno de José López Portillo, para evitar que una mayoría territorial aplastara a las minorías políticas. Fue una respuesta a décadas de hegemonía.

Desaparecerla hoy, en un contexto donde la fuerza dominante controla gran parte del mapa electoral, no es un ajuste técnico, sino una decisión con efectos claros: amplificar al ganador. Un sistema puramente mayoritario puede convertir un 40 o 45 por ciento de votos en una mayoría legislativa suficiente para reformar la Constitución sin amplios consensos. No es una teoría alarmista; es una aritmética electoral.

El dilema está ahí, a la puerta, y debe debatirse de forma racional y con responsabilidad. ¿México quiere un Congreso que refleje su diversidad política o uno que amplifique a quien domine territorialmente? Las reglas democráticas no deben cambiarse por enojo ni diseñarse para beneficiar a la mayoría del momento. Deben pensarse para proteger el sistema cuando cambien las mayorías.

TE PUEDE INTERESAR: Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno

En ese sentido, la indignación ciudadana es legítima. El abuso partidista también es real. Pero el remedio no puede ser debilitar los contrapesos. Porque cuando la pluralidad se reduce y la mayoría concentra poder con menos necesidad de negociar, la democracia no se fortalece: se vuelve más frágil. Y México ya sabe, por experiencia histórica, que el poder sin equilibrio termina costando más que cualquier plurinominal.

La pregunta sigue en el aire, ante una cultura política en la que han abrevado los legisladores y servidores públicos en México –de agandalle, de abuso, de oportunismos y de conveniencias–, ¿cómo conciliar la reducción de legisladores y los necesarios contrapesos entre fuerzas políticas?

Si realmente quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar el país quieren una verdadera transformación de la vida pública, social, política y económica de México, tendrán que buscar salidas para hacer una Reforma que nos beneficie a todos, que respete las instituciones y que tenga como referencia el marco de la justicia. Por otra parte, es la crónica de una muerte anunciada. Así las cosas.