Rocha Moya: Persistente la impunidad

Son muchas las insuficiencias básicas del obradorismo como opción de régimen político. No faltarán quienes se abonen a los programas sociales de corte clientelar y al incremento de los salarios mínimos para justificar el trágico curso del país. Una economía que no crece es condena, y la impunidad, mal que viene de muy lejos, con López Obrador se exacerbó por la amenaza que representa el giro punitivo del vecino del norte. Su gobierno da cuenta de un rosario de muy desafortunadas decisiones; lamentablemente, muchas se han reproducido en la renovación de gobierno; el segundo piso de la tragedia nacional.

Hoy el porvenir nos alcanza y de la peor forma. La impunidad no sólo expone al país ante Estados Unidos, resuelto a ejercer la justicia que nosotros abandonamos. La cuestión es que lo hace a su modo, con sus reglas, su agenda y, desde luego, bajo su interés, por cierto, ajeno a las libertades y a la democracia, como se constata en Venezuela con la vuelta del chavismo, que pasó del populismo al colaboracionismo. La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, publicada este 5 de mayo, es un documento para considerar, y el mensaje es concluyente: cooperación o acción unilateral en el marco de la lucha contra el narcoterrorismo.

Es fundamental entender las leyes norteamericanas, más allá de Trump y los republicanos. Así es por dos consideraciones políticas y de carácter legal. Para empezar con estas últimas, son las autoridades quienes realizan las imputaciones y bajo un pedimento con las formalidades de la relación bilateral. La lectura del documento en el que se solicita al gran jurado el inicio del proceso penal contra los 10 mexicanos imputados es convincente porque contiene elementos suficientes para iniciar el caso penal. No es el juicio, sino el argumento legal para que las autoridades mexicanas procedan a la detención y posterior extradición. Solicitar pruebas concluyentes es materia del juicio, no del momento procesal inicial.

Las consideraciones políticas aluden a la realidad. Los imputados y el delito se asocian a la colusión del poder político con organizaciones criminales, en el caso concreto, el cártel Sinaloa, considerado una organización terrorista extranjera, que amplía el poder extraterritorial de las autoridades de EU. La connivencia con una organización terrorista es de la mayor gravedad y capacita a las autoridades norteamericanas a actuar extraordinariamente, como en el caso de Nicolás Maduro respecto al cártel Tren de Aragua, base para justificar la extracción del dictador para remitirlo a tribunales norteamericanos. El fiscal y la corte de los imputados sinaloenses son los mismos de Nicolás Maduro. Es decir, subyace como base de la acción legal el terrorismo, no el narcotráfico.

México está en condiciones de enorme desventaja. No por evidentes razones militares, económicas o políticas, sino porque el país registra una bien documentada historia de impunidad. Incluso, cuando Rocha Moya se vio involucrado en los hechos que llevaron al secuestro de “El Mayo” Zambada y al homicidio del diputado Héctor Melesio Cuén, y la FGR concluyó que hubo encubrimiento por parte de las autoridades estatales, prevaleció la impunidad, así como la protección y el ostensible respaldo del presidente López Obrador, Morena y la mayoría del Congreso. Prueba irrefutable de parcialidad y negación al curso de la justicia por decisión de la Presidencia.

Hoy Claudia Sheinbaum es víctima del pasado, recreado por los meses que van de su gobierno. La destrucción del sistema de justicia y la acreditada impunidad, desde el arribo al poder de López Obrador hasta la fecha, se vuelven en contra. La respuesta de las autoridades mexicanas no es convincente a partir de los antecedentes, además de que los argumentos son cuestionables y sugieren que se busca proteger a los imputados, especialmente si se considera la facilidad con que las autoridades mexicanas se desprendieron de 92 reos que enviaron a EU al margen de la formalidad y las garantías del tratado y ley de extradición. Invocar la violación de secrecía, la falta de pruebas en esta etapa y la inexistencia de urgencia se entienden como ardid para seguir protegiendo a los imputados.

En la perspectiva de la parte acusadora, es inevitable la conclusión de que el caso Sinaloa es el primero de muchos otros que podrían implicar a otros gobernadores por razones análogas, bajo la tesis de que algunos gobiernos locales están al servicio de organizaciones criminales y que han contado con la protección y blindaje del gobierno mexicano.