Ruptura integral pactada: Ya es tiempo de reformar la partidocracia obsoleta

La reforma judicial va. El primer paso será la batalla por la sobrerrepresentación. Si Morena la obtiene podrá imponer su mayoría o continuar el camino de la ruptura pactada con las fracciones del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y otras fuerzas representativas de la sociedad.

En la larga historia de la transición la sociedad ha empujado cambios que los presidentes incorporan y los partidos sancionan en el Congreso. Enumero los más importantes y pongo entre paréntesis el porcentaje del voto que los aprobó en la Cámara de Diputados: reforma electoral de 1977 (92 por ciento), reforma electoral de 1996 (91 por ciento), Ley de Transparencia de 2003 (99.8 por ciento) y renovación de la Suprema Corte de 1994-95 (85.2 por ciento).

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Algunos protagonistas de esas reformas se inspiraron en la transición española, pero con una diferencia fundamental. España aprobó una transformación mucho más integral que la mexicana, donde se han ido haciendo cambios parciales que a los pocos años muestran sus deficiencias. Nuestra reforma electoral, por ejemplo, ha desembocado en una partidocracia opaca y cara.

En este contexto se inserta el Plan C del Presidente y Morena. En febrero pasado, AMLO propuso 20 reformas trascendentales entre las cuales venía la del Poder Judicial que, a estas alturas del debate, ya ha sido asumida como necesaria; en buena medida por los resultados de las elecciones del 2 de junio. Si Morena logra la sobrerrepresentación tendrá que optar entre mayoritear o seguir negociando un acuerdo legitimador.

Pese al gran acierto de la iniciativa presidencial de incluir en la reforma del Poder Judicial a la federación y a las 32 entidades del país, la cirugía mayor que propone tiene problemas. Uno de ellos es la irrealidad de fijar en “180 días naturales” la adecuación de leyes y la resolución de problemas espinosos como la no retroactividad de las leyes y cómo evitarán que el crimen organizado ponga a sus jueces como lo ha hecho con alcaldes.

Cuando después de las elecciones los diputados de Morena anunciaron que en septiembre aprobarían la iniciativa afloraron las consecuencias y las resistencias. El peso se devaluó en un 9 por ciento frente al dólar y la inversión privada se frenó. La oposición sintió el reto y empezó a ponderar sus opciones a partir de un hecho: está debilitada, pero mantiene algunas cuotas de poder importantes. Un indicador son los gobiernos de las capitales de las 32 entidades: el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano gobiernan a 14 millones 794 mil 200 personas; Morena y sus aliados a 15 millones 202 mil 995. Importa porque la nueva presidenta quiere replicar localmente sus éxitos en la capital.

La suma de todo lo anterior fue determinante para un incipiente viraje hacia una ruptura acordada. En el foro en la Cámara de Diputados del jueves pasado llamaron la atención las expresiones a favor de una reforma progresiva y escalonada de dos ministras cercanas a la 4T, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Al día siguiente el Presidente expresó su acuerdo, siempre y cuando no hubiera dilaciones innecesarias. Entretanto, el PAN ha lanzado señales de su disposición a negociar para votar a favor de la reforma.

También el viernes la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, concedió una entrevista de dos horas a David Marcial Pérez de El País. En ella minimiza las diferencias personales y acepta que los jueces deben mejorar, pero que “la justicia empieza desde el policía” y también desde “el fiscal”. También avisa que la Suprema Corte tiene meses trabajando en una propuesta de reforma integral que incluye a jueces, policías, ministerios públicos y fiscalías.

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El destino de la reforma judicial, insisto, tiene como preámbulo la decisión del árbitro electoral sobre la sobrerrepresentación que exige Morena. También pesará la voluntad del Presidente en funciones y de la presidenta electa. Está en juego algo más que la renovación del Poder Judicial.

Es un momento propicio para dejar atrás la etapa de los parches y aspirar a una ruptura integral pactada entre las principales fuerzas políticas y sociales para rediseñar la arquitectura institucional y canalizar las energías nacionales al combate de las desigualdades, la corrupción, la opacidad y la impunidad, que contenga a la delincuencia y que reforme a una partidocracia obsoleta. Eso es lo que se juega.

@sergioaguayo

Colaboró Erick Morales