Saltillo frente a tres problemas que hacen crisis al mismo tiempo
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Recientemente, el gerente de Aguas de Saltillo alertó sobre un hecho preocupante: la posibilidad de que nuestra ciudad se quede sin agua suficiente para sus necesidades urbanas e industriales. La crisis no es nueva, sino resultado de años de crecimiento urbano acelerado en una región semidesértica con muy pocas lluvias y mínima recarga de los mantos acuíferos que, por falta de inversión e innovación, es la fuente exclusiva del agua potable que consumimos.
Del mismo modo, desde hace por lo menos quince años las autoridades locales saben perfectamente que nuestro sistema de transporte público está obsoleto. El modelo “hombre-camión”, caracterizado por múltiples concesionarios con pocas unidades en mal estado, lleva años atrapado en un círculo vicioso: menos calidad, menos usuarios, menos rentabilidad, menos inversión, y así sucesivamente. A eso se agrega la ausencia de inversiones públicas que se sabía perfectamente que eran indispensables. Esta situación afecta no solo a quienes usan el transporte público, sino a toda la población al incrementar la saturación vehicular, la contaminación ambiental y deteriorar la calidad de vida urbana.
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Pese a conocer estos problemas y tener soluciones identificadas, el grupo gobernante —que esencialmente es el mismo desde entonces, ya sea con las siglas del PRI o PAN— no hizo lo que sabía que tenía que hacer. La pregunta clave es, ¿por qué no actuaron?
No ignoro la complejidad inherente a gobernar, ni las limitaciones presupuestales reales, pero sostengo que el verdadero problema no fue ese, sino la mala priorización del gasto público. En la próxima columna mostraré cómo miles de millones de pesos se han desperdiciado en dos actividades claramente improductivas y sin beneficio social: la distribución partidista de despensas y los pagos excesivos a medios de comunicación.
Cuando se revisan las cifras, resulta escandaloso ver cuánto se ha perdido y cómo esos recursos pudieron haberse invertido en resolver estos problemas críticos. Esa negligencia marca un límite que, como sociedad, no podemos seguir tolerando: la renuncia a gobernar con responsabilidad y visión de futuro, llevando a Saltillo peligrosamente cerca del colapso.
Finalmente, pero no menos importante, el incremento sostenido en el precio de la vivienda a un ritmo casi exponencial (30% anual, lo que implica que la vivienda duplica su precio aproximadamente cada tres años) también es insostenible. A diferencia de los otros dos problemas, en este punto el grupo gobernante ni siquiera tiene un diagnóstico claro, principalmente porque una parte considerable de la clase política local está directamente involucrada en el negocio inmobiliario, condicionando su visión y sus decisiones políticas.|
Ante este panorama no nos queda más alternativa que preguntarnos con honestidad: ¿qué incentivos, dinámicas e intereses persisten para provocar que ningún gobierno haya abordado realistamente estos problemas en los últimos tres lustros? Y, lo más importante, ¿cuántos años aguantará la ciudad así?