Saltillo: Proyecto ferroviario, ¿le hace falta transparencia?

En materia informativa, suele decirse con tino, los vacíos no existen. Y, en efecto, lo que ocurre, por regla general, es que ante la ausencia de información concreta, ofrecida por quienes la tienen a su alcance, los vacíos se llenan con todo tipo de especulaciones.

Y cuando hablamos de los rumores que surgen alrededor de algún aspecto de la vida privada de las personas, ya sea en el barrio donde habitamos, ya sea en el centro de trabajo o en la escuela, el hecho no pasa de ser una anécdota. Pero cuando se trata de proyectos públicos, cuya ejecución interesa a todos, la historia cambia radicalmente.

La afirmación anterior es particularmente cierta cuando la ejecución de un proyecto de interés colectivo puede generar afectaciones a individuos concretos. Porque la ausencia de información oficial en estos casos no solamente provoca que se generen historias alrededor de la obra, sino que causa incertidumbre en quienes pudieran verse afectados.

Es el caso del proyecto ferroviario que actualmente se encuentra en proceso en Saltillo y que, de acuerdo con la información que publicamos en esta edición, podría generar afectaciones en predios donde se han edificado viviendas: 26 en total. Las personas que las habitan, de acuerdo con sus propios testimonios, no han sido informadas de forma precisa sobre el posible impacto que sufrirían.

Resulta irrelevante en este caso, conviene decirlo, si quienes habitan dichas viviendas son sus propietarios o no, o si la situación en la cual se encuentran posesionados de las mismas es regular o se ha registrado al margen de la ley. Lo cierto y concreto es que viven allí y tienen derechos.

Y el primer derecho que tienen es el de acceder, de forma precisa y transparente, a la información sobre las intenciones del proyecto que el Gobierno de la República ha desarrollado para que se construya la nueva estación del tren de pasajeros de Saltillo.

Si las viviendas van a ser afectadas por el proyecto, tienen derecho, además, a una indemnización justa por el perjuicio que, de manera personal, les ocasionará la ejecución de las obras. Y por indemnización justa debe entenderse no solamente el valor comercial del terreno que se les expropiaría, sino el hecho de considerar sus condiciones personales de manera integral.

No se trata, desde luego, de oponerse a la realización de un proyecto que implica un beneficio comunitario. De lo que se trata es de señalar la obligación de quienes ejecutarán las obras de informar con transparencia, no solamente los detalles de carácter general, sino también las particularidades que, como en el caso de la posible afectación a una zona habitacional, podrían implicar un perjuicio individual a personas concretas.

Huelga decirlo: y si eso no va a ocurrir, con mayor razón es necesario desmentir la especie a fin de que la zozobra que hoy dicen sentir quienes se encuentran en dicha situación se disipe y el vacío informativo no siga llenándose de especulaciones.