Despojos: Fe pública, ¿hasta qué grado se ha pervertido?

Algo está muy mal en una sociedad en la cual quienes tienen la responsabilidad de certificar la legalidad de los actos que requieren de dicha verificación no dudan en pervertir su función y colocarse de espaldas a sus responsabilidades.

No se trata de un asunto menor, sino de un problema de la mayor gravedad. Porque cuando la legalidad de los actos que deben ser inspeccionados con rigor se encuentra en duda, el deterioro que eso trae a la comunidad se convierte en un problema para todos.

Nos referimos, desde luego, a la función que tienen los notarios públicos, a quienes los poderes del Estado otorgan una responsabilidad sumamente importante en múltiples aspectos. Uno de ellos es el relativo al traslado de la propiedad inmobiliaria.

Quien haya adquirido un terreno, una vivienda o un espacio para actividades comerciales o industriales sabe bien que lo más importante al momento de realizar la operación es cerciorarse de que se está participando en un acto que reúne todos los elementos para considerarse lícito.

Y la persona que tiene la responsabilidad de asegurarse de que todos los elementos de la operación se encuentran en regla es el notario público. Justamente por ello, en nuestro país dicha tarea se asigna exclusivamente a especialistas en Derecho.

Resulta particularmente grave, entonces, que a quienes se ha encargado la responsabilidad de garantizar la legalidad de tales actos decidan convertirse en cómplices de procedimientos fraudulentos.

Y si a eso se agrega la connivencia de la institución que debe investigar y perseguir los posibles delitos que se cometan en este tipo de operaciones, la mesa queda servida para que el Estado de derecho se nos disuelva entre las manos y la incertidumbre se apropie del escenario.

Porque, tal como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, de acuerdo con el presidente del Foro Profesional de Abogados de Saltillo, Xavier Laureano Eugenio, los delitos de despojo y fraudes inmobiliarios que se registran en nuestra Región son propiciados por el apoyo de notarios públicos y la insuficiente investigación de la Fiscalía General del Estado.

El problema, pues, reside en el hecho de que, en torno a estas conductas ilegales, se ha construido un clima de impunidad que no solamente hace que quienes cometen delitos escapen del castigo que les correspondería, sino que ello fomenta que la incidencia de estas conductas se incremente.

¿Quién va a romper el círculo vicioso que, en opinión de quien preside el Foro de Abogados, se ha construido para despojar ilegalmente de sus propiedades a múltiples personas?

Actuar en este sentido resulta urgente porque justo la preservación del estado de derecho constituye uno de los ingredientes relevantes de la competitividad.