Salud: AMLO y la herencia envenenada

El gobierno de la presidenta Sheinbaum parece decidido a extirpar -al menos en una primera etapa- la extendida y profunda corrupción que dominó al gasto del sector salud durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuyo primer círculo acumula desde hace años señalamientos en este ámbito, en particular sus hijos, Andrés “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán.

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La reciente denuncia desde Palacio, en plena conferencia presidencial, sobre un intento de pagar sobreprecios por 13 mil millones de pesos en la reciente “compra consolidada” de medicamentos conducida por Birmex, atizó una polémica sobre la remoción de funcionarios clave en este campo, incluido Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pese a lo ruidoso de este escenario, el verdadero telón de fondo es el boquete financiero dejado por el pasado gobierno al sector, que incluyó la desastrosa creación del Insabi, sucesivamente dirigido por un amigo del expresidente y luego por un militar. Esa herencia envenenada cayó en las manos del secretario actual de Salud, David Kershenobich, con un rezago impagable, entre otros, por el IMSS Bienestar, por al menos 300 mil millones de pesos. La expresión brutal de esta historia es el desabasto de medicinas que se sufre en todo el país y la paralización de obras hospitalarias. Ninguno de ellos se resolverá al menos durante todo este año.

El relevo de funcionarios en Birmex ya dio inicio, y mientras usted lee este texto podría alcanzar a su director, Iván Jesús Olmos. Entraría en su lugar Carlos Ulloa Pérez, un diputado federal que pidió licencia apenas el viernes, al que se la menciona incluso para otras posiciones en el sector. Ulloa forma parte de un clan político forjado en la entonces Asamblea de Representantes de la Ciudad de México en la legislatura arrancada en 2012. Integrantes de ese clan son señalados de sembrar en espacios periodísticos versiones sobre la inminente caída de, entre otros, el titular del IMSS.

Hasta donde se sabe, es probable que, paradójicamente, Robledo Aburto resulte protegido por el enorme cúmulo de irregularidades ocurridas durante su gestión frente al IMSS en el pasado gobierno -desde mayo de 2019-, porque tras las mismas se hallarían centralmente miembros del círculo obradorista, entre ellos operadores que fungieron como “coyotes” en licitaciones públicas, y una larga cadena de otros personajes públicos, desde Manuel Bartlett -exdirector de CFE, que exigió contratos para familiares- hasta el actual gobernador de Nayarit, Miguel Navarro Quintero, cuyo hijo, Miguel Ángel Navarro Estrada, funcionario del IMSS en Jalisco, es señalado por licitaciones amañadas por cientos de millones de pesos.

Autoridades gubernamentales consultadas aseguraron contar con testimonios formales de fabricantes de medicamentos beneficiados por contratos durante el anterior gobierno, en el sentido de que pagaron sobornos por al menos mil millones de pesos en una maquinación coordinada por Amílcar Olán, cuya cercanía con los hermanos López Beltrán ha sido ampliamente documentada. Olán Aparicio ha sido ubicado en denuncias periodísticas por “gestiones” similares en proyectos como el Tren Maya y la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Un modelo similar, pero desde dentro del sistema de salud pública, le ha sido imputado públicamente a los hermanos Calderón Alipi, quienes guardan también estrecha amistad con los López Beltrán. El doctor Alejandro Antonio Calderón Alipi fue titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), bajo la dirección de Juan Antonio Ferrer, un administrador tabasqueño afecto a los temas arqueológicos y que hizo fama del aprecio que le tenía el expresidente López Obrador.

Presumiblemente “purgado” desde el actual Gobierno Federal, Calderón Alipi despacha ahora como secretario de Salud en Tabasco, entidad que como es sabido ya, es un edén... de impunidad.