Sentido común, retrógrada, hostil al cambio: Gramsci

De la ilegalidad. La presidenta Claudia Sheinbaum cumple la función educativa correspondiente a los líderes políticos, como lo hizo y lo hace su mentor y antecesor. Ambos predican y practican la inobservancia de la ley, socavan lo que queda de cultura de la legalidad y terminan de derruir el Estado de derecho en nuestro país.

Pauta de gobierno. Del contexto en que fueron proferidas, y de las palabras presidenciales mismas, grabadas en Tulum, Raúl Trejo Delarbre infiere en Nexos que se trata de una pauta de gobierno impuesta por la Presidenta a su administración. “Hay que gobernar con sentido común y para la gente”, conminó ella al director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza, porque éste no había resuelto las inconformidades de prestadores de servicios turísticos y no había removido las restricciones legales vigentes de protección ambiental.

La ley, contra el “sentido común”. Pero la Presidenta fue más explícita: “Cuando la norma se pone por encima de la gente y del sentido común, está mal”, lo condenó. Y todavía fue más allá en la violación de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan: “No cumplas con la norma, eso es lo que te estoy diciendo”.

De la incultura de la legalidad a la otra. La invocación presidencial del “sentido común” como sustituto de la ley no sólo atenta contra la cultura de la legalidad, sino contra la cultura en general y, en particular, contra la marxista en que se supone navega la Presidenta desde antes de nacer. Reconocido como uno de los clásicos y más originales del pensamiento marxista del siglo 20, Antonio Gramsci está de vuelta en el siglo 21. Y, para él, el sentido común es generalmente conservador, contiene visiones retrógradas del mundo y es, además, hostil al cambio.

Las cosas como son y como deben ser. Reconocido académico contemporáneo de los estudios de comunicación y culturales, para el profesor australiano John Hartley, el sentido común es la filosofía política de quienes no son ni filósofos ni políticos. Carece de contenidos. No hay una codificación ni un repertorio de saberes precisos e inequívocos para aplicar ese concepto con fines “normativos”, como alternativa a las normas de derecho. Como argumento, no prueba nada y sólo se afinca en el lugar común de que “las cosas son como son” y no como deben ser: la razón de existir de las normas jurídicas.

Campo de batalla. El sentido común, continúa Hartley, es un campo de batalla que se da, también, al interior del régimen. Y aquí, quien tiene el poder sobre sus subordinados, intenta mostrar que su manera de ver las cosas es la que se ajusta al mentado sentido común. En la medida en que un grupo o “bloque” (o un individuo detentador de alguna forma de poder) se erige en fuente y depositario de éste, conserva y fortalece su mando y hegemonía al margen del derecho. En nuestro caso, sobre un servidor público aparentemente celoso del cumplimiento de la ley y ahora obligado a guiar su conducta por el sentido común de su superiora. Pero será él quien incurra en responsabilidades por apartarse de sus obligaciones jurídicas. Y, en su propio entorno burocrático, reprendido públicamente por no actuar contra la ley, ahora será visto probablemente como marginal, réprobo de leso sentido común, radiactivo por quienes cerrarán filas con una Presidenta en posesión del monopolio de la verdad, representada por su sentido común, dictado por el poder.

@JoseCarreno

Académico de la UNAM