Sin consecuencias por violencia en Guerrero, hasta ahora

El estado de Guerrero vive su peor momento; golpeado por la naturaleza por el huracán Otis en Acapulco el pasado 24 de octubre; peor aún, por el reinado del compadre del Presidente, Félix Salgado Macedonio, acusado por violación y una de las figuras políticas más detestables del escenario actual. López Obrador desafía todo sentido de decencia al respaldar, proteger y promover a un personaje de la calidad de Salgado Macedonio. Perdió la candidatura a gobernador por no reportar el gasto de precampaña. Como suele suceder con López Obrador, se indignó contra el INE, lo tomó personal y resolvió que Evelyn, la hija, sin experiencia alguna, gobernara al estado más violento y complejo del país. El mandatario descargó su enojo con los guerrerenses.

Salgado Macedonio, para efectos prácticos, es quien manda en el Estado y lo hace por voluntad del Presidente. Allí no hay consecuencia alguna por el mal gobierno. La denuncia pública y de la iglesia católica apunta no sólo a la ausencia de autoridad, sino a la colusión o connivencia de éstas con el crimen organizado.

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La situación de desastre exige una declaración de emergencia. Si hay un lugar donde se pueda sustanciar un narcoacuerdo político es en Guerrero. Las autoridades federales han sido complacientes; como muestra Acapulco, con una Guardia Nacional esencialmente testimonial y sin acciones para hacer valer la legalidad. El crimen organizado se impone respecto al tráfico de drogas y en la extorsión generalizada. Todos los negocios son golpeados por el crimen. El transporte público urbano alza su voz sin que las autoridades cumplan su parte. La alarmante situación se agrava por la complacencia del Presidente de la República, a pesar del documentado deterioro de las condiciones para que los comicios transcurran en normalidad.

La agresión del jueves pasado en Chilpancingo a tres estudiantes normalistas, uno de ellos asesinado, Yanqui Kothan Gómez, exhibe el deterioro de las policías y la falta de protocolos básicos de actuación. El problema adquiere otra dimensión por el intento de las autoridades, no sólo de los policías, de incriminar a las víctimas para eludir la responsabilidad penal por el homicidio. El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y el titular de la Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, afirmaron que los estudiantes eran delincuentes y que habían disparado a los policías, quienes tuvieron que repeler la agresión. Su versión, grosera falsedad, revela la ausencia absoluta de un sentido de justicia y de compromiso con la verdad. La legalidad ausente; reina la impunidad.

La indignación de los estudiantes se hizo sentir ante el montaje de las autoridades estatales. Al día siguiente el Presidente replicó la versión local, pero solicitó que la FGR llevara la investigación, la que en materia de horas acreditó abuso de autoridad y violación de derechos humanos. Para el lunes el Presidente tuvo a bien rechazar la versión original avalada por los dos funcionarios: el estudiante había sido asesinado y, más importante, se le sembró el arma; los estudiantes nunca dispararon. La gobernadora Evelyn Salgado, por primera vez, salió a medios para refrendar la versión del Presidente.

¿Qué sucederá con los dos funcionarios que mintieron y encubrieron a los policías asesinos? Si prevaleciera el estado de derecho, debieron renunciar de inmediato asumiendo responsabilidad penal por una falta mayor y sumamente grave. Hasta el momento nada ha pasado. Prevalece la impunidad. La gobernadora tiene responsabilidad política en el asunto y su renuncia debiera estar en la mesa, como ocurrió con sus antecesores Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa o con Rubén Figueroa por Aguas Blancas. No sucederá así y no porque López Obrador tenga otros datos, sino porque son sus modos, cuidar a los suyos mientras Guerrero se hunde en la peor descomposición conocida. Si el dominio del crimen favorece a su causa en la elección, para él mejor dejar así las cosas.

La presión del Presidente a la FGR hizo que se procediera y encarcelara al exprocurador Jesús Murillo Karam a manera de mostrarlo como trofeo ante los padres de los normalistas asesinados en Iguala hace más de 9 años. También se procedió contra militares en un caso que se viene abajo por falta de pruebas, mientras los autores confesos gozan de libertad. Todo un espectáculo de indignante impunidad ratificado por la agresión -un asesinato- a tres estudiantes en Chilpancingo. La justicia penal a modo de las necesidades políticas y discrecionalidad de López Obrador.