Tenemos derechos, pero ¿y las obligaciones?

Según algunos filósofos, lo que nos hace ser ciudadanos es ser parte de la civitas –vocablo latino para referirnos a la ciudad– o de la polis, concepto griego que alude a la misma; por eso somos políticos. Tendríamos que agregar la idea de que un ciudadano es un sujeto portador de derechos y deberes.

El asunto es que buena parte de los ciudadanos mexicanos no conoce sus derechos ni sus deberes. ¿Usted los conoce? ¿Conoce sus derechos fundamentales y sus deberes u obligaciones determinados por la Constitución, por el sentido común o simplemente para que podamos vivir en armonía?

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Por los derechos no creo que haya mucho problema: quien más, quien menos, somos bastante buenos para reclamarlos. Pero el desconocimiento –no me diga que no– es permanente. Es importante –en el reino del internet, que ahora todo lo hace más fácil– poner en el buscador: “mis derechos fundamentales en la Constitución”. Acuérdese de que el que no sabe es como el que no ve. Por eso es importante que los conozca. Sin embargo, considero que es más importante –para construir lo público– conocer nuestros deberes.

Siempre les digo a mis alumnos y alumnas que no se requiere estudiar derecho o leyes para conocer sus derechos y deberes fundamentales; son elementales y, como tales, hay que saber de ellos. Por los derechos, no hay problema, basta con que abramos la Constitución y nos chutemos los artículos del 1 al 30 para saber de qué va nuestra vida en la sociedad mexicana para saber por dónde. El problema, ordinariamente, se da en los deberes o las obligaciones.

¿Cómo se puede hablar de cultura de legalidad o respeto al Estado de derecho, si ni siquiera sabemos de qué va dicho cumplimiento? Luego, también lo entiendo, entre nosotros, los mexicanos, eso es “cumplo y miento”. Pero bueno, ya asentamos dónde podemos saber de nuestros derechos fundamentales y los deberes-obligaciones.

Podemos ir al artículo 31, donde hay algunos señalamientos muy raquíticos, pero importantes para que la maquinaria nacional camine. Se trata de ir a la escuela, porque la educación es obligatoria, por supuesto, por el carácter que tiene. Se trata de cumplir con la instrucción cívica y militar, cuando el gobierno nos convoca y, finalmente, contribuir para los gastos públicos de la federación, de los estados y de los municipios en la proporción y manera que dispongan las leyes, es decir, pagar impuestos. En el artículo 3 constitucional se establece que los padres deben garantizar la educación de los hijos. En el 36 aparecerá la orientación de tener como deber el votar (y ser votado) en las elecciones que convoque la autoridad competente (INE); y en el 39, el deber ciudadano de participar responsablemente en la vida pública.

Pero me quedo con el 31, que es la referencia obligada de los deberes en nuestro país, y también con el punto 4, que a la letra nos remite a contribuir para los gastos públicos de la federación, de los estados y de los municipios en la proporción y manera que dispongan las leyes, como ya se decía, simple y llanamente pagar los impuestos. Y de aquí surge la pregunta: ¿Qué papel juegan los impuestos en la marcha de un pueblo?

Primero, sirven para garantizar el bienestar y el desarrollo económico, es decir, si no contribuyes habrá escuelas precarias, sistemas de salud que te den citas para operarte hasta dentro de siete meses a partir de tu consulta, no habrá medicamentos y lo que quieras: no habrá carreteras, hospitales, calles en buen estado, obras hidráulicas, telecomunicaciones, redes eléctricas, sistema de transporte público, aeropuertos, terminales de autobuses, ciclovías, acceso a bienes y servicios básicos, en fin. En ese sentido, no sólo son una obligación, sino una inversión, porque permiten mejorar la vida de los ciudadanos.

También representan la principal fuente de ingresos del Estado. Cuando los ciudadanos y las empresas cumplen con sus responsabilidades fiscales, el gobierno puede planificar, construir y mantener infraestructura de calidad. Además, una buena infraestructura aumenta la competitividad del país, reduce los costos de transporte, mejora la productividad de las empresas y atrae inversiones nacionales y extranjeras. En este sentido, los impuestos son una palanca de desarrollo, pues su correcta administración permite multiplicar los beneficios sociales y económicos.

Lo ordinario y bajo lo que se escuda una buena parte de la ciudadanía que evade cumplir con esta obligación, es la jerga que ordinariamente se vierte: ¿para qué contribuimos si el gobierno-gobernantes se lo roban? Es decir, se arguye falta de confianza o, si quiere, desconfianza en el uso de los recursos públicos. Por supuesto, no les falta razón, es cuestión de hacer un balance entre lo que gana y lo que tiene un político, de ahí la importancia de la transparencia.

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Otro elemento es la percepción de injusticia. Influencers, deportistas, cantantes y empresarios importantes –nombres sobran– se van por la libre, mientras el ciudadano de a pie paga de forma automática a través del salario o el consumo.

Esto genera una sensación de injusticia y desánimo.

Frases como: “los que más tienen, pagan menos”, “pago impuestos, pero veo que todo sigue igual”, “no sabía que tenía que declarar”, “yo no tengo un negocio registrado, así que no pago” –profesionistas que viven bajo la informalidad, prestadores de servicios, restaurantes–, “si otros no pagan, ¿por qué yo sí?” o “los impuestos se usan para campañas o intereses personales”. Todo esto es parte del backstage ciudadano.

De ahí que sea importante que los gobiernos –en cualquiera de sus niveles– hagan un equilibrio entre recaudación y gestión pública eficiente y responsable. Y, por supuesto, esto va por todos aquellos que viven en la informalidad, pero alegremente reclaman criticando lo que ellos mismos hacen. Hay quienes se atreven a declarar que quieren ser presidentes de la república cuando no cumplen con sus deberes más básicos. Cuánto cinismo y desvergüenza. Queremos un mejor país, pues se requiere transparencia y rendición de cuentas. Así las cosas.