Teuchitlán: Por el bien de Jalisco, primero las víctimas
Necesitamos verdad y justicia sobre las complicidades y omisiones de municipios, estado y federación
Me parecieron sensatos los pronunciamientos y planes de la Presidenta hacia las personas desaparecidas. Espero que funcionen. Independientemente, urge que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabece el combate a las organizaciones criminales en aquel estado.
Es la primera vez que la Presidenta se pronuncia sobre un tema dejado en ruinas por su predecesor. Es alentador que para la Presidenta las personas desaparecidas y el caso de Teuchitlán sean “una prioridad nacional” y que ella esté “del lado de las víctimas y de la justicia”. Me quedo, por ahora, en el plano local.
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Jalisco necesita del apoyo federal en una propuesta local anclada en la historia de mi estado. Es falso que los narcotraficantes norteños llegaran en los años sesenta y setenta del siglo pasado. Siempre estuvieron ahí. En noviembre de 1946, la oficina en México del FBI registró la asistencia del capo neoyorquino Bugsy Siegel a la inauguración de un laboratorio para refinar heroína en Lagos de Moreno. Prosperaron por la complicidad de gobernantes, empresarios y grupos sociales de todos los niveles.
Jalisco puede abrevar de la experiencia de la Coahuila priista, de la capital del país perredista y morenista, y de lo hecho por Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas entre 2018 y 2022; fueron notables los avances de las comisiones para la Guerra Sucia, la Nacional de Búsqueda y la de Ayotzinapa. Hubo compromiso, recursos y avances que ejemplifico con Ayotzinapa.
El 25 de mayo de 2018, en un acto de campaña en Iguala, Guerrero, las madres y padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa le pidieron al entonces candidato a la presidencia posicionarse. López Obrador les ofreció una comisión de la verdad; le respondieron que la verdad era insuficiente; querían, exigían y esperaban justicia y garantías de no repetición. Aceptó y, el 4 de diciembre de 2018, nació la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).
La presidía Encinas, pero en ella estaban otras dependencias federales, las familias de las víctimas, su abogado de confianza y cuatro organismos civiles calados en el compromiso y experimentados en el conocimiento: Tlachinollan, el Centro ProDH, Fundar y Serapaz.
El esfuerzo tenía dos columnas adicionales: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que regresó a México después de haber sido corrido por Enrique Peña Nieto en 2016; y una fiscalía especial (la UEILCA) realmente autónoma. El fiscal Omar Gómez Trejo hizo un trabajo notable que complementó con 23 mil grabaciones entregadas por la DEA después de una petición de López Obrador a Kamala Harris.
El 18 de agosto de 2022, Encinas presentó el informe responsabilizando a dependencias de los tres niveles de gobierno; al día siguiente el fiscal informó que contaba con 83 órdenes de aprehensión donde estaban 20 militares. Hasta ahí llegaron. López Obrador frenó el caso y se alió con los militares. A los pocos días corrieron al fiscal que, precavido, optó por el exilio.
En agosto de 2024, las madres y padres tuvieron su trigésima y última reunión con el presidente. El balance lo hizo uno de los padres: “terminamos mal”. Fue una pena y una infamia el repliegue del expresidente; Ayotzinapa pudo haber sido la primera masacre de magnitud esclarecida y judicializada. También se descarrilaron –aunque con causalidades diferentes– la Nacional de Búsqueda y la de la Guerra Sucia. En los tres casos la FGR se distinguió por lo timorata y pusilánime; ¿y ahora le confían Teuchitlán?
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Pablo Lemus está en una situación ideal para utilizar en Jalisco lo aprendido. Es indispensable que se alíe con una sociedad movilizada para consensar una estrategia estatal que busque el respaldo de la federación. Un buen inicio sería una comisión de la verdad independiente para Teuchitlán, integrada por jaliscienses y apoyada por especialistas de México y el mundo. Necesitamos verdad y justicia sobre las complicidades y omisiones de municipios, estado y federación. Sería la base de un plan integral para todo el Estado, que funcionaría independientemente de la evolución que tenga el programa recién anunciado por la Presidenta.
La tesis central es simple: por el bien de Jalisco, primero las víctimas.
Comentaré esta columna en mi canal de YouTube.
Colaboraron Erika Giselle Delgadillo y Elena Simón
