Torreón: ¿Mil 580 millones de pesos? La aritmética de la duda

Hay un dato que dio el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, en su primer informe de su segundo mandato en el gobierno, que me sigue llamando la atención. Dijo que en 2026 habrá una inversión de mil 580 millones de pesos en obra pública de infraestructura, estrategias y programas sociales.

Y me llama la atención porque la cifra, bastante atractiva para los encabezados, tiene que ser puesta en su justa dimensión y cuestionar si realmente es viable, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes. Me explico.

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En 2024, por ejemplo, según la cuenta pública consultada por esta columna, se erogaron 316.3 millones de pesos en inversión pública. En 2023 no difirió mucho, fueron 320.4 millones de pesos.

En cuanto a ayudas sociales, otro de los rubros que encajan en la expresión de programas sociales a los que se refirió el presidente municipal en su informe, se destinaron 126 millones de pesos en 2024 y 166.8 millones en 2023.

Además, de acuerdo con el avance de gestión financiera hasta el tercer trimestre (30 de septiembre), el municipio había gastado apenas 72.8 millones de pesos en infraestructura pública cuando se presupuestaron 503.6 millones, y se habían gastado 60 millones en ayudas sociales.

A falta del cierre del último trimestre del año y del análisis de la cuenta pública, tanto lo gastado en obra pública como en ayudas sociales será –al igual que en 2023 y 2024– muy distante de la cifra que Román Cepeda presumió se invertirá el próximo año.

También hace falta tener el presupuesto de egresos del municipio para analizar con lupa la distribución del recurso. Sin embargo, de bote pronto, parece más una cifra alegre y confusa (quizá incluye recursos estatales y federales), una que sirve para los encabezados, pero que está lejos de la realidad.

Pongamos la cifra en perspectiva: el mayor gasto que tiene el municipio es en el rubro de nómina, la cual consume entre el 31 y 32 por ciento de los gastos totales, según las cuentas públicas. Los más de mil 500 millones de pesos anunciados por el alcalde, significaría un gasto aproximado del 40 por ciento de lo que normalmente eroga el municipio.

AL TIRO

Para que la matemática cuadre, el salto tendría que ser estratosférico. Si promediamos la inversión conjunta en obra y programas sociales de 2023 y 2024, la cifra ronda los 460 millones de pesos anuales. Proyectar mil 580 millones para 2026 implica un incremento del 243 por ciento en la capacidad de gasto en estos rubros.

En un presupuesto municipal que históricamente oscila entre los 3 mil 500 y 4 mil millones de pesos, y donde la nómina ya tiene entre el 30 y 32 por ciento, destinar otro 40 por ciento a inversión y ayudas sociales dejaría menos del 30 por ciento para cubrir servicios públicos esenciales, seguridad, combustibles y operación básica.

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Otro cuestionamiento es la capacidad de ejecución. Ejercer apenas 72.8 millones de 503 millones presupuestados para este año demuestra un cuello de botella administrativo o técnico. Si la maquinaria municipal no ha podido procesar y licitar ni el 15 por ciento de su techo financiero actual en nueve meses, resulta logísticamente poco probable que pueda gestionar y supervisar un volumen de obra tres veces mayor en un sólo ejercicio fiscal.

La viabilidad entonces se reduce a dos vías: la primera es el endeudamiento y la segunda es la coparticipación, donde el alcalde podría estar sumando bolsas estatales y federales para inflar el número. Sin embargo, mezclar recursos de otros órdenes de gobierno como si fueran propios es, por decir lo menos, una imprecisión técnica que confunde a la ciudadanía.

¿Es posible destinar la cantidad que refirió el alcalde a obra pública y ayudas sociales el próximo año? Es posible; la pregunta es ¿cómo?