Transformar la movilidad urbana en Coahuila: una tarea urgente

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, ha propuesto al Congreso del Estado una amplia modificación a la legislación local sobre transporte y movilidad, con la cual se busca armonizarla a los principios establecidos en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado de la República en abril de 2022.

Con dicha propuesta, se creará en Coahuila la Ley de Transporte, Movilidad Sustentable y Seguridad Vial en la cual se plantean modificaciones relevantes a diversos aspectos relacionados con el derecho de la ciudadanía a la movilidad “en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

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Entre las modificaciones relevantes que contiene la iniciativa se encuentran: la posibilidad de restringir la circulación de vehículos en determinadas condiciones ambientales, fomentar mecanismos alternos de transporte en las zonas urbanas, garantizar la movilidad en zonas rurales y endurecer las reglas para obtener una licencia o las placas de circulación de un auto.

Las medidas plantean un reto importante para las autoridades estatales y municipales porque implican, en algunos casos, modificar radicalmente los usos y costumbres de quienes conducen vehículos y, en otros, la realización de fuertes inversiones públicas para hacerlas realidad.

En el primer caso se encuentra, por ejemplo, la propuesta de volver obligatorio para los automovilistas el contar con un seguro de responsabilidad civil, requisito que deberá cumplirse previo a la obtención de las placas de circulación.

En el segundo caso se encuentran medidas como el garantizar transporte gratuito a los alumnos de educación básica en zonas rurales, o la colocación de aditamentos, en las unidades de transporte público, para que sea posible transportar bicicletas.

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No se puede menos que saludar la iniciativa, pues tiene como propósito transformar la realidad de quienes habitamos las zonas urbanas, sobre todo las más densamente pobladas, además de que contempla medidas relevantes para quienes habitan el área rural.

Es necesario decir, sin embargo, que la simple existencia de nuevas reglas no va a modificar mágicamente la realidad. En otras palabras, además de normas de avanzada y buenas intenciones se requiere un plan integral que detalle los momentos en los cuales cada una de las promesas incluidas en esta propuesta se transformarán en realidades tangibles.

Y para que eso ocurra, desde luego, es indispensable que a las buenas intenciones le siga la asignación del presupuesto que demanda la realización de cada una de las acciones proyectadas. Si esto último no ocurre -y es necesario que ocurra pronto- la realidad, con toda la insatisfacción que hoy genera, permanecerá exactamente igual.