Transparencia electoral: ‘brilla’ por su ausencia

En cada elección constitucional, desde el año 2017, la autoridad electoral de Coahuila ha invitado a los partidos políticos y sus candidatos a transparentar la información relativa a su situación patrimonial, de intereses y fiscal. Y en cada elección, los partidos y sus abanderados han dado muestra de un desprecio más o menos generalizado por la transparencia.

Para poner a disposición de la ciudadanía la información señalada −además de otra, relativa a su currículo y propuestas, por ejemplo− se habilita una plataforma en la página web del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Para el actual proceso, el sitio puede localizarse con el nombre “Candidatas y candidatos, conóceles”.

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Vale la pena precisar que la información requerida a los aspirantes a un cargo de elección popular es, en esencia, la misma que ya tienen obligación legal de proporcionar a la autoridad al momento de solicitar su registro. Es decir, no implica ningún esfuerzo de recopilación extra.

También es importante tener claro por qué, si en el IEC se cuenta con esa información, no es la propia autoridad comicial la que se encarga de publicarla. La respuesta es simple: porque los partidos políticos −todos− han procurado no incorporar esa obligación a la ley.

En otras palabras, el IEC tiene facultades para exigir de cada candidato la entrega de la documentación referida, pero carece de las atribuciones para ponerla a disposición del público. Debido a eso, el órgano electoral invita a los aspirantes a representarnos a que lo hagan “voluntariamente”.

Históricamente, sin embargo, sólo la insistencia ciudadana y la publicación reiterada del incumplimiento, por parte de los medios de comunicación, ha logrado que se avance de forma significativa en el proceso de poner a disposición del público los datos relevantes, a saber los relativos al patrimonio, la situación fiscal y los intereses.

Paradójicamente, si se cuestiona a cualquier aspirante a un cargo de elección popular sobre su posición en relación con la transparencia gubernamental, sin duda dirá que es muy relevante, que está comprometido con ella y que impulsará reglas para que el sector público sea “una caja de cristal”.

¿En dónde se pierde la convicción con la posibilidad de transparentar los bienes y las conexiones que pueden, eventualmente, colocar a una persona en situación de conflicto de intereses? ¿Cómo es que no hemos logrado, en casi una década, convertir en algo normal que los ciudadanos sepamos si un candidato paga impuestos y cuánto?

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La respuesta es más o menos simple: porque quienes recorren las calles solicitando nuestro voto −y nuestra confianza en sus buenas intenciones− saben perfectamente que pueden omitir la “invitación” que les hace la autoridad y no habrá consecuencias.

¿De qué depende que las haya? De que nosotros, los electores, nos apropiemos de la regla y exijamos su cumplimiento, so pena de negarle nuestro voto a quien no se ajuste a ella. Habríamos de proponérnoslo.