Trump, López Obrador y la construcción de la impunidad

La desconfianza de los autócratas. A lo largo de su primer periodo constitucional, Trump se encargó de reforzar la integración de la Corte Suprema de Estados Unidos con una mayoría de jueces conservadores, afines a su proyecto, que ahora le entregan sus cartas de impunidad. Le remueven así los obstáculos judiciales que le dificultaban su regreso a la Casa Blanca a cumplir un segundo periodo. Y lo blindan frente a una cauda de acusaciones diversas de propios y extraños, derivadas de una saga de conductas de perfil criminal. Pero López Obrador va más allá en la construcción de su propia impunidad. Quiere mantener limpio el nicho que se confecciona para la veneración por su pueblo. Y, más terrenal, también se propone despejar todas las sombras que ahora oscurecen su pretensión de permanecer como factótum en el próximo gobierno.

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Para ello le resulta imperativa la prevención de eventuales ajustes de cuentas jurisdiccionales por sus presuntas transgresiones a la Constitución y a las leyes, así como por las denuncias de corrupción contra los suyos. Desconfiado hasta de su sombra, como suelen ser los autócratas, a López Obrador no le basta con las seguridades que le ofrece la subordinación del teóricamente autónomo fiscal de la República, reaparecido ayer junto al Presidente. Tampoco le es suficiente a éste la inserción en el próximo gobierno de una incondicional suya como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia abocada a investigar corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses en los contratos y obras que permanecen en la secrecía y la opacidad en la presente administración.

Prisas y temores. En el mismo sentido, tampoco alivian los temores y recelos de quienes abusan del poder, sus mayorías calificadas en las cámaras del Congreso, aunque con ellas bloquearían todo intento de activar las funciones jurisdiccionales del Poder Legislativo, como el Juicio político o el de Procedencia (desafuero). Por eso va el Presidente contra el Poder Judicial. Agotado su tiempo para completar, como Trump, una mayoría de adictos en el pleno de la Corte y, desde allí, cubrir también de incondicionales la judicatura federal, AMLO está en vías de despedir, de acuerdo con su iniciativa en el Congreso, a mil 600 juzgadores federales para sustituirlos con una nómina de elegidos en las urnas. Con la misma aplanadora del Estado con la que arrasó en las elecciones de junio, pero con candados adicionales desde la selección de los candidatos. Y es tal la prisa presidencial por despejar todo riesgo de salvación de la autonomía del Poder Judicial, que esta semana arreció la campaña oficial, dentro y fuera de la Corte, para socavar, con miras a su destitución, a la presidenta de la Corte, baluarte y símbolo de la independencia del poder judicial frente al despotismo.

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WSJ: “la editorial” y el Maximato. Ahora fue el experimentado profesional de la información sobre nuestro país, José de Córdoba, quien recogió los temores de un “Maximato”, esta vez, provenientes de expertos de Estados Unidos e involucrados en inversiones en México. Y fue su periódico, el Wall Street Journal, el blanco equivocado del Presidente en su intento de desvirtuar el reportaje sin contradecirlo. De oídas y a ciegas, AMLO llamó “la editorial” del periódico a la bien documentada y contextualizada pieza informativa de De Córdoba, confeccionada con la maestría propia de su práctica de más de tres décadas de reportar al mundo las realidades mexicanas. Por lo demás, ni el periódico ni el corresponsal inventaron los temores, presentes día con día en la esfera pública mexicana e internacional, de un proyecto muy adelantado, visible para quienes lo quieran ver, de prolongar el mando del todavía Presidente, al término inminente de su periodo constitucional, a través de su sucesora.

Profesor de Derecho de la Información de la UNAM