Un epitafio para los órganos autónomos; la pérdida de años de credibilidad institucional
Nunca recibieron tanta atención mediática como lo hizo el Poder Judicial desde que se anunció la iniciativa de reforma para su desaparición. Tristemente fueron desconocidos o pasaron de largo para el grueso de la población, más ello no quiere decir que no hayan sido entidades sumamente valiosas en el andamiaje institucional de los años recientes.
Lo sucedido en las últimas semanas con la desaparición del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), así como la captura de facto del Banco de México, nos sumerge en una deriva institucional peligrosa para la dinámica económica del país.
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El CONEVAL, en sus veintiún años de existencia, brindó no solamente la rigurosidad técnica y metodológica en la medición de la pobreza en el país, sino que, además –y gracias a lo anterior– blindó de certeza y transparencia las cifras de la pobreza, permitiendo de esta manera una mayor claridad en cuanto al rumbo que debían de seguir las políticas sociales del gobierno.
La transferencia de sus funciones al INEGI −aparte de innecesaria− corre el riesgo de debilitar la credibilidad de este último, toda vez que ahora se convertiría en juez y parte, al tener ya no solamente la responsabilidad de recopilar la información e insumos necesarios para el cálculo de la pobreza, sino que ahora también tendrá a su cargo la medición de ésta.
En el caso de la COFECE, sus orígenes se remontan hasta 1992, como una exigencia totalmente válida por parte de Estados Unidos a condición de la firma del entonces TLCAN, a fin de asegurar un piso parejo en materia de competencia económica para sus empresas.
Con la reforma constitucional del año 2013 se le otorgó el rango de órgano constitucional autónomo, toda vez que su predecesora, la Comisión Federal de Competencia (COFECO), era un órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Fomento y Comercio Industrial (SECOFI), ahora Secretaría de Economía.
Los avances experimentados en materia de combate a los monopolios y el fomento a libre competencia experimentaron avances importantes, gracias a que se contaba con unidades técnicamente especializadas e independientes que investigaban posibles actos de prácticas monopólicas y emitían resoluciones –y en su caso posibles sanciones– cuando se detectaban prácticas que atentaban contra la libre concurrencia.
Además, tenía bajo su responsabilidad el autorizar adquisiciones o fusiones entre compañías; o bien, rechazarlas, cuando estas presentaban el riesgo de amenazar la competencia en los mercados.
Ahora, con estas funciones, bajo un nuevo organismo dependiente de la Secretaría de Economía llamado la Comisión Nacional Antimonopolio y que estará sometido al Poder Ejecutivo, se pierden años de fortalecimiento y credibilidad institucional en el órgano antimonopolio de nuestro país.
Por último, aunque en el papel gozando de autonomía, la lamentable decisión de política monetaria por parte del Banco de México, al recortar cincuenta puntos base la tasa de referencia, justo cuando un día antes el INEGI informaba el repunte en la inflación −alejándose con ello de la meta del mismo Banxico− confirma que en los hechos los miembros de la Junta de Gobierno ya cedieron a las presiones presidenciales de bajar las tasas de interés.
Banco de México, otro ejemplo del éxito de los órganos constitucionales autónomos ya también ha caído.
