Un llamado a la violencia física que refleja la degradación política y preocupa a la ciudadanía: el discurso de Carlos Robles enciende la alarma
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Si los dirigentes políticos, que deberían ser guardianes de la estabilidad institucional, son quienes alientan la confrontación, la democracia queda sitiada desde adentro
Las palabras importan. Cuando un dirigente político, en este caso Carlos Robles Loustaunau, presidente estatal del PRI en Coahuila, afirma en público “le vamos a partir su madre al que se nos ponga enfrente”, no estamos ante una simple frase desafortunada ni ante una expresión coloquial mal calibrada. Se trata de un llamado directo a la violencia y la confrontación física en el marco de futuros procesos electorales. Dichas expresiones no son retórica, tienen consecuencias sobre la percepción ciudadana, la calidad del debate público y la estabilidad democrática de nuestra entidad.
La violencia política en México ha tenido múltiples rostros; en la historia hay desde amenazas soterradas hasta episodios explícitos de agresión y fatalidad como Carranza, Madero o Colosio. Recordemos el suceso más reciente ocurrido en el Senado de la República, apenas el 27 de agosto de 2025, cuando el senador del PRI, Alejandro Moreno, y el diputado del PRI, Rubén Moreira, agredieron físicamente al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y a su colaborador. Ese momento dejó ver cómo la confrontación verbal derivó en golpes en el corazón mismo del Poder Legislativo, exhibiendo una preocupante incapacidad de procesar las diferencias a través de la palabra y las reglas institucionales. Si en el máximo órgano de deliberación política el golpe sustituye al argumento, ¿qué se puede esperar en la arena electoral local cuando los liderazgos llaman abiertamente a “partirle la madre” al adversario?
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Las declaraciones de Robles Loustaunau evidencian un problema más profundo: el empobrecimiento de la política en su nivel discursivo y estratégico. Un dirigente que recurre al insulto y a la amenaza no sólo erosiona la dignidad de la política, sino que también coloca en riesgo la gobernabilidad del estado al alentar un clima de confrontación. Este lenguaje revela una visión reducida del quehacer político, entendida no como la construcción de consensos o la disputa legítima de proyectos, sino como una guerra de pandillas donde gana quien golpea más fuerte.
El riesgo para la democracia coahuilense es evidente. Porque cuando el lenguaje de los dirigentes se desliza hacia la violencia, se prepara el terreno para que las contiendas electorales se conviertan en episodios de intimidación y agresión. Más que fortalecer la militancia, estas frases llaman a cuestionarnos si los procesos electorales futuros podrían desarrollarse bajo la sombra del miedo, la coacción y la ruptura de la convivencia pacífica.
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En este sentido, el discurso de Robles Loustaunau no debe leerse de manera aislada, sino que forma parte de un continuum en el que la violencia discursiva se normaliza hasta abrir paso a la violencia física. Si los dirigentes políticos, que deberían ser guardianes de la estabilidad institucional, son quienes alientan la confrontación, la democracia queda sitiada desde adentro. En tal contexto y rumbo al proceso electoral de 2026, se enciende una alarma para las instituciones del Estado mexicano encargadas de garantizar a la población la seguridad, la democracia y la gobernabilidad.
La política en Coahuila merece algo más que bravatas de cantina. Necesita liderazgos capaces de argumentar, de convocar, de entusiasmar sin incitar al enfrentamiento físico. Las declaraciones del dirigente priista no son sólo un exabrupto, son un síntoma del deterioro democrático y del bajo nivel de quienes pretenden conducir a sus partidos y, eventualmente, al estado. La ciudadanía coahuilense debe exigir altura de miras.
