Una pincelada del federalismo fiscal en México (I)

Un tema siempre relevante es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que tuvo su origen en un conjunto de experiencias exitosas: la creación de la Ley de Coordinación Fiscal en 1980, cuando David Ibarra era secretario de Hacienda; la introducción del Impuesto al Valor Agregado, así como del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo Financiero Complementario; la recaudación del IVA en bancos; la delegación de mayores facultades a las entidades federativas en la Coordinación Administrativa en Materia Fiscal Federal; y la implementación de mecanismos de anticipos en el pago de participaciones, a fin de agilizar la liquidez de las finanzas estatales.

A esta lista de aciertos se sumó el diseño y aprobación, a finales de los años ochenta, de la Fórmula para la Distribución de Participaciones. Este importante logro técnico fue resultado de una intensa labor por parte de los funcionarios fiscales de la época, quienes trabajaron en colaboración con la Secretaría de Hacienda, particularmente con el entonces subsecretario Francisco Gil Díaz.

Por supuesto, hubo análisis y debates profundos entre las propias entidades. Por ejemplo, los estados del sur partimos de una visión y los del norte de otra; sin embargo, logramos ponernos de acuerdo en una fórmula equitativa para todos.

En ese entonces se presentó una propuesta para crear una tercera parte del Fondo General, con el fin de evitar distorsiones en el sistema, específicamente a partir de 1991. Asimismo, en el marco de la XXII Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales y tras muchas jornadas de trabajo entre los estados y la SHCP, se acordó el proceso de transición de dicho fondo, iniciativa que fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 1990.

Con el paso del tiempo, se fortaleció el principio de equidad que le dio origen y, posteriormente, se promovió el esfuerzo fiscal local, al considerar la dinámica de cobro del predial y del agua para la distribución del Fondo de Fomento Municipal. Asimismo, se integró al Fondo General lo recaudado por concepto de gravámenes especiales, como la Tenencia y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

Durante ese periodo se perfeccionó, en una función dinámica, el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. También se modernizaron sus anexos y se incluyó la administración de los pequeños contribuyentes, así como facultades para las entidades federativas en materia de comercio exterior y pesca deportiva. Asimismo, se integró un concepto más amplio de la recuperación de la Zona Federal Marítimo Terrestre, entre otros asuntos.

No encontramos en esa época la fórmula perfecta, pero sí la fórmula aprobada por las entidades federativas, que ha sido utilizada incluso en algunos países que no son federales. Sin embargo, en la actualidad acumulamos ya varios años sin una revisión de los procesos. En este escenario, los municipios juegan hoy un papel más importante y cuentan con mayor experiencia.

Hoy tenemos aproximadamente 2 mil 500 municipios, entre ellos los más de 400 regulados bajo usos y costumbres del estado de Oaxaca, caracterizados por periodos de gestión más cortos. En algunas entidades se crearon, aunque ahora ya no existen, Sistemas Estatales de Coordinación Fiscal, con casos exitosos, como los de Guerrero y Zacatecas.

Sería sano trabajar en el fortalecimiento del federalismo fiscal, en una tarea conjunta de diálogo, intercambio de experiencias acumuladas, expresión de un mismo lenguaje y la demostración de la buena política para reforzar los acuerdos entre el gobierno central y los estados, sin dejar de lado el desarrollo municipal.

La agenda es muy amplia y sería oportuno detallar los temas que se pueden perfeccionar, por supuesto, comandados por las entidades federativas y los municipios, en coordinación con el Gobierno Federal, particularmente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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