Violencia electoral: La democracia se mata con un tiro a la cabeza

Diciembre comenzó con una noticia criminal que, irónicamente, murió a las pocas horas. Dos parejas de entre 30 y 22 años fueron halladas sin vida al interior de un taxi, el viernes 1, a las afueras de Tarímbaro, parte de la zona conurbada de Morelia. Los hijos de una de las parejas, una niña de 3 y un niño de 2, fueron igualmente asesinados. Otros hechos violentos suscitados los días posteriores terminaron por dejar en el olvido una trama con fuertes implicaciones políticas. El diputado local del PT, Baltazar Gaona García, miembro de una familia que condujo los destinos de ese municipio por más de un cuarto de siglo, sugirió que detrás del múltiple homicidio se encuentra la policía municipal y el propio alcalde, el priista Bladimir Alejandro González.

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Gaona es hijo de Baltazar Gaona Sánchez, cinco veces presidente municipal de Tarímbaro, que murió víctima de COVID en marzo de 2021. A su muerte, en medio de una gran controversia, lo sustituyó en el cargo otro de sus hijos, Eric Nicanor, quien terminaría por perder el control municipal a manos de González. Desde la tribuna del Congreso, Baltazar le ha señalado vínculos con grupos criminales que controlan la extorsión, secuestro y robo de combustible en la zona. Esa disputa por la supremacía política tuvo su secuela en el atentado sufrido el jueves 21 por otro diputado, el federal del PRD Mauricio Prieto. El legislador fue blanco de un tiroteo mientras comía en un puesto de frutas a las afueras de ese mismo municipio. Resultó ileso gracias a la intervención de sus escoltas. Prieto acusó a Baltarzar Gaona de ser autor intelectual del ataque, justo porque, dijo, él y su hermano Eric Nicanor buscan recuperar el dominio de Tarímbaro.

El mismo jueves 21, en Acapulco, fue asesinado a tiros Ricardo Taja, exdiputado local y federal del PRI, partido con el que buscó hacerse de la presidencia municipal del puerto en dos ocasiones. Taja, que renunció a su militancia para incorporarse a Morena y buscar por tercera ocasión la alcaldía, sufrió el ataque mientras se hallaba en una pozolería, tras un día de activismo en un barrio cercano. El ataque sobrevino en una ciudad vigilada por unos 24 mil efectivos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, enviados tras el paso del huracán Otis. Minutos antes, el empresario Abelardo de la Torre Suire, declaró al periodista Jaime Núñez que fue víctima de amenazas, chantaje y secuestro orquestados por otro precandidato de Morena, Jesús Alí de la Torre, quien ya fue alcalde de Centro, Tabasco, diputado y aspirante a gobernador por el PRI.

El homicidio de Taja ocurre en una entidad en la que, en el marco de las elecciones de 2018, fueron ultimados 26 candidatos y precandidatos, y en donde se han señalado vínculos de la delincuencia organizada con las autoridades desde hace años. En agosto, las suspicacias se acentuaron tras filtrarse un video en el que aparece la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, sentada a la mesa con uno de los capos locales del narcotráfico. Las investigaciones del asesinato de Tajada no llevaron, hasta el sábado 23, a ninguna conjetura sólida. El caso del empresario de Tabasco parece más claro y ha generado movilización institucional, tras varios meses de mantenerse oculto. Sucedió así tras ventilarse en una de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, a mitad de la semana pasada.

La versión del empresario sostiene que Alí de la Torre −con quien lo unía una amistad de 13 años−, inició con las amenazas en julio, después de que él se negó a financiar parte de su precampaña. El político le habría ofrecido retribuirle lo doble si obtenía el triunfo electoral en junio del año próximo. Las amenazas no funcionaron y decidió entonces elevar el tono de la coacción. Para ello se valió de un grupo de agentes ministeriales del Estado de México, quienes apresaron a De la Torre Suire bajo acusaciones de homicidio. La denuncia por secuestro interpuesta por el empresario obedece a que esos agentes lo llevaron a Reynosa, en donde pretendían fincarle nuevas acusaciones criminales. Un juzgado de control desechó sin embargo los cargos por falta de evidencia. Todo era una fabricación.

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Estos tres casos son una muestra de la forma en la que se disputa el poder político en varias regiones del país, con personajes de oscuras trayectorias. Las contiendas terminaron con la vida de 133 políticos en 2018 y otros 102 en 2021. Ambos procesos suman en total un millar de agresiones, que incluyen tentativas de homicidio y asesinato de familiares de los políticos confrontados. No hay manera de pronosticar lo que habrá de suceder, en términos criminales, durante los procesos para definir candidaturas ni durante los meses de campaña, pero este arranque ofrece elementos al menos para comprender lo que está en juego, el enorme negocio en el que se ha convertido la función pública.

Hace tiempo, cuando fue diputado local mientras aguardaba por un nuevo asalto a la presidencia de Tarímbaro, Baltazar Gaona Sánchez ofreció una frase que lo sintetiza perfecto: “Todos somos corruptos”. Eran los tiempos de Lázaro Cárdenas Batel como gobernador. Michoacán se hallaba en descomposición total, lo mismo que el resto de México.