Violencia intrafamiliar: una pandemia añeja

El lugar más seguro para cualquier persona, particularmente para las más vulnerables, tendría que ser su propia casa. Desgraciadamente, como confirman los datos con insana frecuencia, esto no es así en un alarmante número de casos.

Debido a ello, y de forma por demás paradójica, hoy publicamos un reporte según el cual el regreso a clases sería una de las razones para que los niños y
adolescentes, así como sus madres, padecieran menos episodios de violencia.

Para quienes se encuentran en esta circunstancia, salir de su propio hogar e ir a la escuela significa escapar −al menos temporalmente− de un clima adverso para su desarrollo.

De acuerdo con los datos incluidos en este reporte, durante el primer semestre de este año los casos de violencia intrafamiliar habrían incrementado, en los hogares coahuilenses, un tercio con respecto del mismo periodo del año pasado y esto ha quedado en evidencia a partir del retorno a clases.

El fenómeno es considerado, a priori, uno de los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 y las autoridades estatales han informado que están estudiando sus causas.

En este sentido, el gobernador Miguel Ángel Riquelme señaló hace algunos días que se están dedicando esfuerzos al análisis de los hechos “que tienen que ver con asuntos del confinamiento y tienen que ver con asuntos de violencia intrafamiliar y de afectaciones hacia la parte económica de los sectores más vulnerables”.

Habrá que decir al respecto que la violencia intrafamiliar, aunque pudo incrementarse durante la pandemia, producto de periodos más largos de convivencia en los hogares, constituye un fenómeno añejo que ha sido señalado desde hace mucho tiempo como uno de atención prioritaria.

Por ello, al tiempo que se analizan los efectos particulares que el confinamiento pudo tener en su incidencia, es preciso tomar nota que las acciones realizadas previamente para prevenir estos casos probablemente no tuvieron el efecto requerido.

También es preciso analizar la eficacia de las políticas de protección a las víctimas y determinar si se cuenta con la infraestructura necesaria y suficiente para activar con rapidez los protocolos requeridos en los casos que demandan intervención de las autoridades.

De forma particular es preciso medir y atender los casos de menores de edad que antes, durante y después del confinamiento forman parte de las miles de víctimas que no pueden ser vistas como una simple estadística, sino como depositarios de derechos que deben ser protegidos de manera eficaz.

En este sentido es preciso reconocer que la violencia intrafamiliar no es un producto de la pandemia, sino que forma parte de patrones socioculturales profundamente arraigados en nuestras comunidades y que deben ser desmontados desde la raíz.