Fiscalía de Nuevo León: ahora sí tiene un caso real

Activar los mecanismos de investigación y persecución de los delitos, a partir de mentiras, constituye un delito en México. Y quien incurre en dicha conducta tendría que ser perseguido y castigado, sin duda ni dilación, por parte de las autoridades.

Eso es justamente lo que debería ocurrir con quienes se coludieron para “fabricar” el caso que llevó a la arbitraria detención del Director General de VANGUARDIA, el pasado viernes 9 de enero, en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

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La mentira ha sido probada ya y no se requiere de ninguna diligencia más para actuar en contra de quienes la urdieron y pusieron en práctica. Más aún: la mayor parte de los que participaron en la trama son profesionistas del Derecho, lo cual incrementa el grado de reproche que puede –y debe– hacérseles desde las instituciones públicas.

No se trata, por cierto, solamente de perseguir y castigar la conducta del “fantasmal” acusador, Marco Antonio Fuentes Garza, quien es, a final de cuentas, sólo un instrumento menor de quienes planearon lo ocurrido. La parte relevante de esta trama se encuentra en el despacho que “maquiló” la acusación y en las propias instituciones públicas.

Resulta muy difícil de creer que el Ministerio Público no se encontrara coludido en la trama. Porque cualquiera con un mínimo de sentido común –e incluso sin necesidad de haber estudiado Derecho– puede notar fácilmente que la acusación era una fabricación.

Igualmente difícil resulta pensar que el juez que libró la orden de aprehensión fuera ajeno a la maquinación. Porque hace falta una incompetencia monstruosa –o una “muy normal” dosis de corrupción– para no darse cuenta de que la acusación carecía de sustento, ya no digamos legal, sino al menos lógico.

No hay en el “expediente” –si acaso puede llamársele así– un recibo que ampare la supuesta entrega del dinero, una ficha bancaria, la constancia de una transferencia o, ya por lo menos, un mensaje –de cualquier servicio de mensajería– que aporte un indicio, el más mínimo, de que en algún momento la supuesta “víctima” estuvo en contacto con el Director General de este medio.

Aún peor: ni una sola de las “pruebas” que le generaron “convicción” al Ministerio Público y al juez fueron recabadas por el primero de ellos. Todos los documentos de la carpeta, sin excepción, fueron entregados al representante social por los abogados de la defensa.

Al respecto, el fiscal General de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, dijo ayer que quienes participaron en la fabricación de este caso serán acreedores “a una sanción por parte de la autoridad”.

Cabría esperar que el compromiso del fiscal vaya en serio y se haga lo que se debe, es decir, ir en contra de todos los que participaron en este delito, dentro y fuera de las instituciones públicas.