Y Coahuila, ¿cómo va, apá? (2)

En la anterior entrega analicé la pasividad del secretario de Economía estatal y del gobernador de Coahuila, ante la negociación arancelaria y la crisis económica de corte recesivo por venir. Sugerí un esfuerzo proactivo de ambos personajes a partir de la creación de un grupo de trabajo que les incluyera a ellos dos con los empresarios más afectados por los aranceles contra el acero y el aluminio iniciados el pasado 12 de marzo y que han afectado, según palabras del mismo secretario de Economía, al 40 por ciento del sector productivo en Coahuila.

El objetivo de ese equipo de trabajo técnico consistía en diseñar escenarios posibles para actuar desde Coahuila con un sentido proactivo sin soslayar las negociaciones de Claudia Sheinbaum con Donald Trump.

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Casualmente, el mismo 24 de marzo, fecha de la publicación de mi texto editorial, el gobierno estatal organizó un evento de unidad política para cerrar filas con la iniciativa privada y la sociedad civil ante los acuerdos arancelarios entre México y EU; y ya con vuelo, cerrar con esta frase matona: “la fórmula mágica que permite a Coahuila ser hoy uno de los mejores estados de México es el trabajo en unidad”.

¿Cómo este evento “mágico y voluntarista” en torno a la figura del gobernador ayudará a los empresarios coahuilenses afectados por la imposición de aranceles en acero y aluminio? ¿Cómo habrá de prepararse el empresariado coahuilense, en general, para asumir los resultados de una negociación presidencial con EU basada más en el blindaje político partidista de la misma presidenta y de Morena que en sus intereses económicos y comerciales? ¿Dónde quedaron la técnica y la racionalidad prospectivas para tomar las mejores decisiones en un entorno de suyo complejo e incierto? Nada más faltó, que una comisión de indios mascogos y kikapús hubiera llegado al evento para entregarle un bastón de mando al gobernador bajo humaredas de incienso de copal.

Retorno a la pregunta por responder: ¿cómo afectaría la crisis económica recesiva en México por venir, la lucha electoral en Coahuila en 2026 y 2027? Haiga sido como haiga sido, el gobierno estatal se abstraerá de esa crisis para conservar el Poder Judicial en 2025 y ganar las elecciones intermedias en 2026.

Esta elección de 2025 para magistrados y titulares de la Suprema Corte está planchada porque las reformas locales a la federal “obstaculizaron la participación abierta de abogados independientes o litigantes sin una certificación y constancia judicial”. Requisito no exigible a los miembros actuales del Poder Judicial.

Por esta razón, el Poder Judicial permanecerá bajo el control del gobierno estatal con una precisión: habrá una limpia de grupos políticos adversos; por ejemplo, del grupo de Rubén Moreira Valdez salen dos magistrados, Iván Garza y Juan José Yáñez y un juez civil, Rubén Moreira Loera.

Miguel Mery, actual magistrado presidente y cercano a Miguel Riquelme, tendrá como suplente al actual subsecretario general de Gobierno y Comunicación, Diego Rodríguez, que podría reemplazarlo en cualquier momento. Manuel Gil, oficial mayor del Poder Judicial, y mozo de espadas de Mery, quedó fuera de toda nominación y está en el aire.

Para las elecciones intermedias que decidirán la composición del Congreso local en 2026, el gobernador ha desarrollado una triple estrategia: realizó los acuerdos políticos pertinentes con los 25 alcaldes priistas para sumarlos a la victoria en 2026.

De manera puntual, los acuerdos con el alcalde de Torreón, después de varios desencuentros, fueron cruciales por su importancia empresarial y electoral y su aportación a la gobernabilidad de la Región Laguna y del estado.

El gobernador también multiplicó -con riesgos de judicialización poselectoral- la presencia de Mejora en las cinco regiones del estado y sus 25 alcaldías priistas. En ese esfuerzo, involucró al PRI, a diferentes secretarías del gabinete legal y ampliado y al Congreso local en una mezcolanza riesgosa.

Finalmente, impulsó -de distintas maneras- a sus candidatos para contender por la gubernatura en 2029: Gabriel Elizondo, responsable de Mejora; Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso; Federico Fernández, fiscal general; y Javier Díaz, alcalde de Saltillo.

Mientras el 2025 y el 2026 están amarrados. El 2029 abrigaría sorpresas; hoy, impensables.

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